Politólogos advierten que sentencia del TSJ condiciona el diálogo

Jhonny Pérez | LA PRENSA DE LARA.-& ;Tras la emisión de la sentencia número 122 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la que suspende todos los efectos de la elección primaria del 22 de octubre en la que resultó ganadora María Corina Machado, expertos sostienen que esta medida pueda representar un retroceso en los acuerdos firmados entre el Gobierno y oposición en Barbados.

La sentencia precisa: «Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias«, en la que se ordena además emitir al Poder Judicial, en un tiempo de tres días los «antecedentes administrativos» de las fases del proceso, incluyendo todas las actas del evento, actas de constitución de mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas, actas de escrutinio, entre otras, así como también exige que se entreguen las actas de aceptación de postulación de Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles, los tres candidatos sobre quienes pesan inhabilitaciones administrativas.

Ante esta medida, expertos en el tema como el politólogo, Radamés Graterol, sostiene que «en primer lugar se trata de un proceso ilegal, pues para lograr la nulidad de un evento electoral como el del 22 de octubre se requiere de ciertos protocolos que no se dan de un día para otro, en segundo lugar esto representa una violación del primer punto del acuerdo firmado en Barbados, lo que conllevaría a un retroceso en el aliviamiento de sanciones por parte de EE. UU.«.

El retroceso se basaría en el cese de los levantamientos de las sanciones, así como también la imposición de nuevas medidas en temas de sanción para la nación. «Simplemente no es de sorprenderse que Estados Unidos se pronuncie ante los hechos suscitados en las próximas horas, quizás anunciando la suspensión del alivio de sanciones, así como otras medidas más», dice Graterol.

El 17 de octubre, representantes de la oposición así como altos funcionarios del gobierno venezolano realizaron la firma del acuerdo, en el que se establecía las garantías electorales de cara a los comicios presidenciales del año 2024, esta firma trajo como consecuencia el alivio de sanciones por un período de seis meses de parte de Estados Unidos a Venezuela.

Para la abogada Ana Leonor Acosta, lo acaecido la mañana de este lunes representa una sentencia inejecutable, ya que propiamente no ha existido alguna violación ni tampoco una amenaza que vaya en contra de los principios constitucionales. Acosta afirma, además que la sentencia del TSJ hacia el acto de primarias obedece a un caso netamente político y no judicial, catalogando tal medida como un absurdo jurídico que consiste en una valoración anómala que comete un juez en un pronunciamiento judicial sobre cuestiones de hecho.

Cabe destacar que, para los expertos, el Ejecutivo da saltos con base a la especulación, pues nadie tiene el poder para ejercerlo sobre la voluntad de las personas y menos sobre un pueblo que ha decidido responder a un llamado a la participación en un proceso interno.

Reacciones

Una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, diversas personalidades reconocidas en la política del país no tardaron en reaccionar emitiendo su apreciación sobre el hecho ocurrido.

Uno de los más resaltantes comentarios fue el del economista, Luis Vicente León, quien posteó en la red social X: «En mi opinión, la decisión del TSJ de inhabilitar las primarias es políticamente errada para el propio Gobierno… Adicionalmente pone gasolina a la presión para retroceder, en parte, los acuerdos políticos alcanzados con USA… Pero el remedio que aplica me parece mucho peor que la enfermedad», sentenció León.

Otras figuras del ámbito político, como Carlos Vecchio escribió: «Nadie puede suspender a más de 2 millones y medio de ciudadanos. Le guste o no al Gobierno, la candidatura de quienes amamos la libertad la representa María C Machado. Y no por capricho, sino por expresión popular».

A nivel regional, representantes del Movimiento Decode también hicieron su pronunciamiento basados en el enunciado del movimiento que es para «defender la Constitución y la democracia«. Catalogan la medida como un acto arbitrario que atenta contra la voluntad del pueblo expresada de manera pacífica y democrática en los centros electorales habilitados en Barquisimeto. Juan Tirado, representante del movimiento, sostuvo que la capacidad de amenaza del Gobierno es alta y que acciones como estas eran de esperarse, pues ya nadie confía en ninguno de los poderes del Gobierno.

La Sala Electoral notifica al fiscal general de la República, Tarek William Saab, de esta decisión y añade que las primarias pudieron «configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión de delitos comunes«.