Redacción | LA PRENSA DE LARA.- La Plataforma Unitaria ; una alianza opositora que reúne al menos 40 organizaciones políticas del país ; instó a diversas instancias internacionales investigar la muerte del Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Venezuela.
«Exigimos una investigación internacional independiente sobre los hechos que llevaron a la muerte del General Raúl Isaías Baduel, en la que participen instancias como la Misión de Determinación de Hechos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y la CIDH, siguiendo los parámetros de los acuerdos internacionales en la materia como el Protocolo de Minnesota», exponen a través de un comunicado.
Al mismo tiempo, exigen al Gobierno de Nicolás Maduro a entregar el cuerpo del general Baduel a sus familiares «y que no se lleve adelante ninguna acción con el mismo sin su consentimiento».
«Informamos que elevaremos a todas las instancias internacionales, multilaterales y judiciales estos graves hechos que demuestran el riesgo que a diario sufren quienes permanecen como presos políticos del régimen de Nicolás Maduro», agregan.
Este miércoles, el fiscal general, Tarek William Saab, insistió en que la muerte del militar y exministro Raúl Baduel, considerado preso político desde su detención en 2009, fue por un paro respiratorio consecuencia de la covid-19 y acusó a sus familiares de mentir, al negar la tesis del funcionario.
Saab aseguró que se comunicó con la esposa de Baduel cuando estaba siendo tratado por un médico y que le remitió fotos sobre su estado físico y también la valoración médica.
Baduel fue un fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte, pese a que en 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debió finalizar su pena.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.
Fuente: EFE