Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Morodo, solicitó al juez de la Audiencia Nacional de España Alejandro Abascal prisión provisional o medidas cautelares para el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo y para su hijo Alejo para asegurarse de que no evadan a la Justicia.
OKdiario adelantó y fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que Manos Limpias solicitó el ingreso en prisión de Morodo y su hijo o, en su defecto, medidas cautelares como una pulsera telemática o comparecencias diarias, que obligarían a ambos a acudir a firmar regularmente identificándose con el documento de identidad u otro documento, o bien al juzgado o bien a la comisaría más cercana al lugar de residencia del investigado.
La acusación solicitó esta medida al entender que los investigados no van a colaborar con la Justicia dado que el lunes se negaron a declarar ante el juez, según fuentes consultadas.
Las fuentes consultadas por Okdiario explican que el sindicato tomó esta decisión «siguiendo el criterio aplicado por el juez Santiago Pedraz con el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard». El magistrado Pedraz -añaden- decretó prisión provisional para Bernard cuando este tenía 75 años y como única fuente de ingresos la pensión por jubilación.
En mayo de 2019, después de tomarle declaración, Pedraz acordó imponer al exembajador la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial y la prohibición de abandonar España. Mismo destino tuvo Alejo, que tras prestar declaración quedó en libertad con el pasaporte retirado y la obligación de comparecer cada semana ante las autoridades.
Padre e hijo se acogieron a su derecho a no declarar
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 abrió el lunes su ronda de declaraciones con Raúl Morodo, su hijo Alejo, la exesposa del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas. Todo ello para indagar en los más de 4,5 millones de euros que el exembajador y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana Pdvsa.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguraron que padre e hijo se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Cañeque y Varandas solo contestaron a las preguntas de sus abogados para desvincular su situación económica de los Morodo.
Abascal volvió a convocar al exembajador, junto a otra veintena de personas, entre imputados y testigos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que quería interrogarles sobre la documentación bancaria obtenida tanto de entidades españolas como extranjeras y sobre los archivos incautados en algunos registros.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de Pdvsa y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fue coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de Pdvsa «carentes de justificación real y lógica comercial». La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
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