Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Economistas lo perciben como un retroceso, pero desde comités de jubilados y pensionados también lo consideran como discriminatorio y excluyente. Así califican ese decreto de ajustes de cestaticket a $40 y bono de Guerra económica en $30 a los trabajadores, en ese decreto de ajuste de bonificaciones del 1 de Mayo y que deja mayor desventaja frente a los $ 49 a jubilados y $ 20 para pensionados. Un juego de números indexados al Banco Central de Venezuela (BCV) pero al margen del esperado incremento del salario mínimo éste se mantiene en $ 5.25 lo que los sentencia a seguir viviendo de la caridad de familiares, con riesgos de morir por enfermedades crónicas sin control.
«El gobierno está acabando con la población mayor, porque no perciben cestatickets y una mayoría no pertenece al sistema Patria, sin tener acceso a bonos», reclama Edgar Silva, coordinador del Comité en defensa de los jubilados, pensionados y adultos mayores, al considerar excluyente y discriminatorio ese anuncio, cuando se sienten burlados porque no pueden vivir dignamente de una jubilación que fue pagada por toda una vida trabajo. Un retiro que ni les asegura la cobertura de sus necesidades básicas y los sentencia a la precariedad.
Les recuerda a las autoridades que la mayoría de los casos depende de la ayuda de familiares, con dificultad para cubrir alimentación y gastos médicos, considerando que 73% padece entre una a dos enfermedades crónicas y la mayoría tiene dificultad para el control de las mismas. «Es tan lamentable que en estas condiciones, se terminan condenando a una muerte adelantada», señala ante la dificultad de cumplir con el tratamiento de hipertensión y lo que más repudia es la negación a dialogar, cuando sí tuvieron la oportunidad de ser escuchados durante las gestiones de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y hasta de Hugo Chávez.
Para el economista Miguel Rojas, se trata de una desmejora y es más grave para jubilados y pensionados porque la mayoría no son incluidos en los bonos. «Traerá más consecuencias a la crisis, incluso en sectores en los que se venía presentando un leve crecimiento«, precisa y considera que es un «incremento» (entre comillas) con más peso en estos adultos mayores, pero de consecuencias para el resto de la población por el riesgo de que se acentúe la inflación, devaluación y desempleo.
Considera que desde 2013, los incrementos del salario mínimo han sido nefastos y sin ajustarse a la inflación, generando una devaluación más acelerada. «Lo que llama la atención es que por primera vez se considera el término indexado a la tasa del BCV entre políticas nefastas«, aclara incluso adelantándose a la complejidad de la retroactividad de las prestaciones, que podrían representar un caos, ante la posibilidad de renuncias masivas y el Estado no tenga como responder.
Refiere que lo indispensable son políticas que promuevan el arranque del aparato productivo y se establezca el salario sostenible, revisable y sujeto a incrementos, de acuerdo a evaluaciones que -de acuerdo a la inflación- puede ajustarse mensual o cada tres meses.
Sin protección
Cuando el economista Jesús Casique se detiene a analizar el panorama, lo define como la descapitalización en 82,5% y aún más grave para jubilados y pensionados. «La protección social no existe, queda enterrada por estas medidas demuestran un retroceso impresionante«, y comenta que es la primera vez que se hace el anuncio y se firma el decreto sin aumentar el salario que no alcanza ni para comer.
Al analizar el contexto, precisa que desde 1999 con la administración de Chávez se tienen 56 incrementos, de los cuales 35 corresponden a la gestión del presidente Nicolás Maduro, pero en el Día del Trabajador ni siquiera hubo tal ajuste y se ignoraron los 5.345.149 pensionados hasta diciembre de 2022, según el instituto de los Seguros Sociales (IVSS).
También cuestiona la estabilidad prometida con la entrega de 50 pozos petroleros al Fondo de Prestaciones Sociales, porque no se debe depender de una producción petrolera que ha decaído, de 3.200.000 barriles diarios que se producían al inicio del periodo de Chávez y que a marzo de 2023, la OPEP reflejó en 695 mil barriles diarios, mientras PDVSA reconocía 754 mil barriles. Cifras que dejan a Venezuela hasta desplazada por Brasil con sus 3.200.000 barriles diarios y demuestran que lo más viable es apostar por políticas sólidas al aparato productivo.
Sobre la explicación del jefe de Estado quien espera mayores ingresos nacionales, Casique precisa que «es falso, porque aproximadamente la recaudación de este año será de $ 3.200 millones por IVA, $ 2 mil millones en impuestos sobre la renta no petrolera, $ 1.700 millones por venta de gasolina, $ 800 millones en aduana y otras tasas, $ 1.500 millones por impuestos de grandes transacciones, $ 1.000 millones por otros impuestos«. Precisa que se cuentan con recursos, pero puede más el «populismo».
Para Antonio Suarez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), nunca se había firmado un decreto son desmejoras y hasta confunde con tanto juego entre números. Precisa que privó el interés del gasto público y solo desean que el resto de los anuncios se fijen en gaceta, al destacar esa consideración acerca de la caja de ahorros, el beneficio de vivienda y restituir lo preventivo y hospitalario con la restitución del IVSS. Además de la comisión de alto nivel para la discusión de la contratación colectiva.
Habla con prudencia, porque manifiesta la necesidad de la continuidad de las reuniones tripartita con representantes de empresarios, sindicatos y Estado bajo la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero insiste en que los trabajadores no pueden seguir esperando a que se resuelva el tema político, por crisis, corrupción, sanciones y otros cuando se trata de sus derechos adquiridos.
La espera nublada de incertidumbre deja a su paso más dificultades para la población y deja en especie de orfandad a ese grupo tan vulnerable, como son los adultos mayores.