El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar sobre la situación de las personas privadas de libertad recluidas en cárceles y calabozos ubicados en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. También precisó la necesidad de que se conozcan las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los detenidos.
La organización recordó, a través de un comunicado publicado en su página web, que las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a los desastres naturales, ya que no pueden evacuar por sus propios medios, decidir dónde resguardarse ni adoptar medidas para proteger su vida, por lo que dependen completamente de quienes ejercen su custodia.
“Las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a cualquier desastre natural. A diferencia del resto de la población, no pueden evacuar por sus propios medios, decidir dónde resguardarse ni adoptar medidas para proteger su vida, por lo que, si ocurre una emergencia, dependen absolutamente de quienes ejercen su custodia”, dijo el OVP.
La organización también cuestionó que las autoridades no hayan informado qué protocolos se aplicaron para proteger a la población penitenciaria y si los centros de detención son seguros, debido a los reportes de daños ocasionados por los sismos en La Guaira, Miranda, Carabobo, Falcón, Aragua y Distrito Capital, así como al registro de al menos 1.388 réplicas, según datos oficiales.
Las denuncias
El OVP informó que recibió denuncias sobre la evacuación de las personas privadas de libertad recluidas en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía La Guaira, ubicada en Caraballeda. Sin embargo, señaló que posteriormente 25 mujeres fueron reingresadas a las instalaciones, mientras que se desconoce cuántos hombres permanecían recluidos en ese centro de detención y cuál fue su situación tras la evacuación. Además, indicó que este grupo requiere alimentos e insumos básicos porque sus familiares no han podido hacerlos llegar al recinto.
En cuanto al Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, el OVP indicó que familiares denunciaron daños en las hileras B y C y en las columnas del penal. También señalaron que un ingeniero del Ministerio para el Servicio Penitenciario realizó una evaluación de la infraestructura, cuyos resultados no han sido divulgados.
Según los testimonios recogidos por la organización, las personas privadas de libertad permanecían encerradas en sus celdas cuando ocurrieron los terremotos y fueron evacuadas aproximadamente 45 minutos después por los custodios. Posteriormente permanecieron en el patio del recinto hasta la madrugada.
Inspecciones y protocolos
El Observatorio señaló que, de acuerdo con los estándares internacionales de ingeniería, después de un movimiento telúrico deben realizarse inspecciones de columnas, vigas, losas, muros portantes, cimentaciones e instalaciones para verificar la seguridad de las edificaciones.
“Estas inspecciones adquieren una relevancia aún mayor cuando se trata de centros de reclusión. A diferencia de cualquier otra infraestructura pública, las personas allí recluidas no tienen posibilidad alguna de abandonar el inmueble por iniciativa propia ni de decidir permanecer fuera de una edificación potencialmente comprometida”, precisó.
Recalcó que en Venezuela este tipo de evaluaciones “es más urgente”, ya que los centros de reclusión presentan un deterioro progresivo debido a filtraciones, grietas, falta de mantenimiento, hacinamiento y el uso prolongado de espacios no diseñados para reclusión permanente.
El OVP recordó que países como Chile, México y Colombia cuentan con protocolos específicos para proteger a la población penitenciaria durante emergencias, mediante planes de contingencia, brigadas capacitadas y simulacros de evacuación, una estructura que, aseguró, no ha podido identificarse en Venezuela.
Por ello, la organización exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar públicamente sobre la situación de las personas privadas de libertad y de los centros de reclusión ubicados en las zonas afectadas por los terremotos. Además, instó a reformar el Código Orgánico Penitenciario, vigente desde 2015 y sin reglamento, para incorporar protocolos de actuación ante terremotos y otras emergencias, como incendios.
Fuente: El Diario