Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.-& ; La vulnerabilidad ha marcado la vida de los niños, niñas y adolescentes. Al menos el 30% de las personas que han emigrado de Venezuela son menores de edad y una buena parte se encuentra en condiciones de peligro o en refugios, así lo denunció el Observatorio Social Humanitario (OSH).
El OSH indicó que una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja es el éxodo de al menos 7.2 millones de venezolanos, quienes buscan la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y de esa cifra 30% son menores.
La situación de la niñez es grave, por lo menos así lo define Leonardo Rodríguez, abogado especialista en derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque alertó que la migración forzada dejó a muchos menores solos sin protección de sus padres, que en algunos casos la crianza la asumió otro familiar o personas cercanas que los expone a riesgo de maltratos, abusos y otros delitos.
Los niños han tenido que atravesar la frontera con sus padres, pero en otro grupo lo han hecho solos, exponiéndose a gentes irregulares, pero una vez que llegan al país que la mayoría de las veces es Colombia terminan en la calle y es una situación que la periodista colombo-venezolana, Paula Jiménez reconoció luego de su reciente investigación y destacó que el fenómeno migratorio de mayor flujo es el venezolano, sólo superado por Ucrania, según cifras del BID.
Jiménez aseguró que más de mil 200 niños venezolanos están bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que no existe ningún tipo de comunicación que las organizaciones de la sociedad civil puedan verificar que desde el Estado venezolano se está implementando algún programa de repatriación de esos niños que están en el vecino país.
Contó que desde 2015 registraron al menos 14 mil casos de violaciones de los derechos más fundamentales de los niños por múltiples razones. «El principal es el abandono, la omisión de ese padre, madre o el adulto responsable. También otros tipos de violencia, acoso sexual, violencia sexual, estado de mendicidad, es por esto que el instituto de bienestar familiar tuvo que intervenir«.