Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- «En Nicaragua, que no ha ratificado su participación en la Corte Penal Internacional (CPI) porque no le conviene, lo que hacen es apresar a los candidatos opositores, quitarles su nacionalidad y desterrarlos. Cada país autoritario tiene su modalidad. En Venezuela, los candidatos que no le convienen al gobierno de Nicolás Maduro, simplemente la Contraloría General de la República los inhabilita, es como taparles la boca y arrebatarle sus derechos políticos», así lo considera Oscar Mago Bendahán, profesor titular de la UCV con dos doctorados, uno en Ciencias Jurídicas y otro en Humanidades.
Considera que el oficialismo está obligado a aceptar el derecho internacional por interés económicos para que se sigan aliviando las sanciones, y por la investigación que desarrolla la CPI contra funcionarios venezolanos, al ser señ;alados de cometer presuntamente violaciones gravísimas del derecho internacional que lesionan a la humanidad.
¿;Puede el contralor General inhabilitar políticamente a una persona, según las leyes de Venezuela?
No puede porque es totalmente inconstitucional. La carta magna venezolana es clara cuando establece en el artículo 65 que: «No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público». La palabra «condenados» quiere decir que ha habido un proceso penal en tribunales penales y que ha pasado todos los niveles de primera instancia, apelación si lo hubo, llegar a la Sala Penal Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y allí queda lo que se llama, firme una sentencia. Nada de eso ha ocurrido en el caso de inhabilitados políticos de Venezuela. Total, que esas inhabilitaciones son arbitrarias y conforman una persecución de carácter político, que de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que crea la CPI, es un delito de lesa humanidad.
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