Belimar López | LA PRENSA.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, llamó al pueblo venezolano a desconocer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constitucional que, a su juicio, es un retroceso de la democracia y de los derechos humanos.
Ortega acudió la tarde de este jueves hasta la Sala Electoral del TSJ para solicitar la nulidad en contra de la Constituyente. Señaló que los recursos introducidos también incluyen la ilegitimidad de las bases comiciales presentadas por el Comando Zamora y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Resaltó que el CNE pasó por el cima del derecho al sufragio de los venezolanos y no garantiza la participación del pueblo, ni el derecho a la igualdad y soberanía.
“El decreto presidencial no cumplió con los parámetros; las bases comiciales fueron inconstitucionales (…) presento estos recursos porque el CNE violó el derecho al sufragio”, agregó.
Denunció que «los llamados a constituyente siempre han sido violentos, con frases agresivas y amenazantes”. Cuestionó que los dirigentes oficialistas amedrenten a sus simpatizantes con frases como: «con la Constituyente los vamos a aniquilar. Serán encarcelados quienes no acepten la constituyente, son traidores. Esto no debe ser impuesto».
Aclaró que la actual Constitución es parte del legado del presidente Chávez y que el chavismo no representa un partido político sino un pensamiento. Además destacó que esta Carta Magna se mantiene vigente según lo establecido en el artículo 333.
Artículo 333: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia».
Sentencia inconstitucional
La Fiscal declaró inconstitucional la sentencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia que declaró inadmisible la solicitud del Ministerio Público sobre aclaratoria de la sentencia 378 de la Sala Constitucional.
En la solicitud Ortega pedía a el ente jurídico que aclara si la sentencia del TSJ sobre la ANC representaba un retroceso de los derechos humanos. «Ellos, los magistrados señalaron que yo no tenía legitimidad para esta acción, aún cuando estoy facultada constitucional y legalmente para eso».
Señaló que el pueblo tiene derecho a una aclaratoria, a saber las condiciones en las que se establecía la ANC y las irregularidades de este proceso.