MP | LA PRENSA.– La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicada este miércoles 12 de julio, atenta contra la autonomía y el funcionamiento del Ministerio Público, pues limita el acto de imputación solo ante los jueces.
“Lo que pasa con el Ministerio Público atenta contra la independencia de sus actuaciones. Es un precedente gravísimo que el Ejecutivo pretenda controlar las investigaciones penales”, aseveró la alta funcionaria durante su intervención, vía telefónica, en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en Buenos Aires, donde uno de sus puntos fue abordar la situación del Ministerio Público venezolano.
Solicitó a sus colegas defender la autonomía en las funciones de los Ministerios Públicos, pues ello garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos. “Que sean las leyes y la Constitución las que regulen los procesos penales”, añadió Ortega Díaz.
Agradeció la solidaridad expresada por sus homólogos en este evento internacional.
Desconocimiento
Sobre la designación “al margen de la Constitución y la ley” de una vicefiscal por parte del TSJ, comentó que esta persona ha realizado una serie de actividades en desconocimiento de las normas que rigen al Ministerio Público, lo que ha creado conflictos y obstáculos al trabajo cotidiano.
En la videoconferencia, también se refirió a otro impedimento reciente del TSJ, para que el Ministerio Público no pueda imputar a funcionarios gubernamentales por sus presuntos vínculos de corrupción con la empresa constructora Odebrecht.
Al insistir en que estas acciones mantienen la ruptura del orden constitucional en el país, Ortega Díaz reveló que los fiscales venezolanos han tenido que enfrentar distintos obstáculos en las audiencias en los tribunales penales, además que denunció que se les impide verificar el estado de los detenidos en los centros de prevención.
También cuestionó que otra sentencia del máximo tribunal de justicia de Venezuela le haya otorgado competencias en la acción penal a la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, reiteró que el antejuicio de mérito solicitado en su contra por el diputado Pedro Carreño se sustenta en razones confusas y aseveró que no ha cometido delitos ni faltas graves.
Deploró que funcionarios del Poder Ejecutivo y el partido de gobierno emprendan agresiones diarias contra su persona y los trabajadores del Ministerio Público.