Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Este miércoles, 144 organizaciones y otros 20 actores de la sociedad civil firmaron un pronunciamiento público en el que exigen al Estado venezolano el «cese de prácticas estigmatizantes, de odio, desprecio, hostigamiento, criminalización y persecución contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela», reseñ;a Efecto Cocuyo.
Recordando la firma del memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, estas organizaciones se prenunciaron sobre las recientes declaraciones del primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello en las que criminaliza a varios periodistas y activistas de derechos humanos en Venezuela.
Destacan que fue noticia el día 19 de enero de 2022, en el programa televisivo «Con El Mazo Dando» dirigido por Cabello, la exposición de un grupo de venezolanos de diversa índole, entre políticos, comunicadores sociales, lideres de sociales y otros, a los que se les señ;aló con carteles de «Se buscan por ladrones todos…;».
«Como organizaciones sociales e individualidades de la sociedad civil, fieles propulsores de la libertad de expresión crítica, declaramos que hacemos votos permanentes por la existencia de una opinión pública libre, como fortaleza de una sociedad libre y democrática; pero sin duda se torna peligroso e inaceptable que las opiniones del diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón, devengan en formas de expresión que propagan, incitan, promueven y/o justifican el odio, la intimidación y persecución, basado en la intolerancia especifica a un sector que promueve la defensa de principios y derechos en el país nacional», sostienen.
Indican que es clara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al establecer en su artículo 285 numeral 4 la atribución exclusiva del Ministerio Publico de ejercer en nombre del Estado la acción penal.
Concatenan con el Artículo 187 del mismo texto que los diputados de la Asamblea Nacional carecen de la potestad de ejercer en nombre del Estado la acción penal y, en consecuencia, ordenar la persecución de cualquier ciudadano.
«Los prestadores de servicio de radio, televisión y suscripción, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad; y que en consecuencia a ello los mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia deben estar proscritos en su contenido».
Las organizaciones señ;alan que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han destacado como política de persecución, que el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
