Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- Venezuela sigue reprobada en materia de Derechos Humanos, así lo confirmó la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet,& ;al actualizar su informe sobre las condiciones del país. En total 130 nuevas violaciones a privados de libertad por hechos políticos ha registrado su oficina en Caracas. La tortura y las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales responsabilizando a las FAES, y las violaciones al debido proceso fueron los nuevos argumentos que anexó al informe que desarrolla desde hace un año.
Durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet reiteró a Nicolás Maduro «mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria». Resaltó que aunque se han excarcelado a 14 personas en los últimos meses, el Foro Penal ha advertido que la mitad de estos casos no pueden considerarse presos políticos y que mientras otorga medidas cautelares a unos pocos, siguen tras las rejas 351 personas, entre ellos 120 militares y un adolescente. También recordó que sus funcionarios en Venezuela han tenido los accesos negados a los calabozos del Sebin y la Dgcim para verificar las condiciones de los presos.& ;
«Este informe es un nuevo llamado de atención al gobierno, principal responsable de abusos de los DD.HH, que lejos de acatar las recomendaciones comete nuevos delitos de lesa humanidad. Hemos denunciado que las FAES detiene a personas en sus casas y luego aparecen muertas en otro lado. Que funcionarios de seguridad desaparecen por varias semanas a personas con vinculaciones políticas y luego son presentados en un tribunal, como el caso del diputado Gilber Caro, y también se han aplicado detenciones en un estado y esas personas son presentadas en otra entidad», afirmó Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal Lara.
Señala que el gobierno aplica el efecto «puerta giratoria», que consiste en emitir medidas cautelares para algunos presos políticos, pero al mismo tiempo detener a un número mayor de personas por causas políticas. Bachelet solicitó, la adopción de un protocolo que permita observar juicios y monitorear las garantías judiciales en el país.
Exigen celeridad
Rafael Narváez, especialista en DD.HH, señala que esta actualización del informe de la ONU se suma al expediente de casos que países y víctimas han enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que responsables del gobierno venezolano sean juzgados.
«El Estado es un violador sistemático de los DD.HH y se ha burlado de la ONU y de los venezolanos víctimas de sus abusos. Es necesario que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la CPI se hagan sentir y aceleren el juicio contra Maduro y sean procesados todos los señalados de violar los derechos civiles y políticos de la nación», reclamó.
A su criterio, si el gobierno hasta ahora no ha acatado ningún exhorto de la ONU es porque juega al «desgaste», físico y emocional de las víctimas. «Este es un camino largo, Maduro busca limitar la acción de las ONG, pero seguiremos agotando todas las instancias», mencionó.
En julio de 2019 además de los delitos de tortura y violaciones de DD.HH a presos, la alta comisionada de la ONU detalló las condiciones de servicios públicos, crisis alimentaria, limitaciones de medios de comunicación y la falta de independencia de las instituciones.
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