Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Una semana semana ha transcurrido desde que el teniente coronel del Ejército, Igbert Marín Chaparro, preso político desde marzo de 2018, iniciara una huelga de hambre con la finalidad de denunciar los malos tratos y torturas de las cuales es víctima en su centro de reclusión, la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
A pesar de su forma de protesta para exigir sus derechos, no ha recibido respuesta alguna de las autoridades y este 24 de diciembre, la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, denunciaba que ningún funcionario había visitado al preso político.
Ante la situación, Marín Chaparro solicitó una visita in situ a la comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Cruz Roja Internacional, al Nuncio Apostólico y a la Delegación de la Unión Europea en Venezuela.
El objetivo es que los representantes de estos organismos puedan constatar los tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de las «torturas sistemáticas» a las que son sometidos los presos políticos en ese centro de reclusión, especialmente en el área en la que se encuentra, conocida como «La Casa de los Sueños».
Durante la mañana de este martes 28 de diciembre se conoció que la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia envió una solicitud al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arnaud de Baecque para denunciar el caso y pedir la intermediación del organismo internacional.
De igual manera, la ONG envió también una comunicación a la Defensoría del Pueblo, en la que se solicitó velar por la salud de Marín Chaparro, ante el delicado estado de salud en el que se encuentra por el deterioro que ha sufrido en la cárcel, sumado a las consecuencias de la huelga de hambre a la cual se sometió.
De acuerdo con la organización, Marín Chaparro sufre de deshidratación y su vida podría estar en compromiso. Sus familiares denunciaron en abril de este año que sus tres años en prisión han dejado secuelas importantes, puesto que presentaba hipertensión de grado 2, varicoceles y ha padecido escabiosis en varias oportunidades, además de perder gran parte de su visión por uno de sus ojos.
45 meses de preso político
El caso de Marín Chaparro destaca, como muchos otros, por la opacidad con la que se ha manejado su procedimiento legal, además de todas las violaciones al debido proceso.
Este teniente coronel era jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país, al momento de ser arrestado. La razón para convertirse en enemigo de la casta política al mando del país fue hablar sobre la crisis que sufría el país en 2018 con un grupo de oficiales.
Marín Chaparro fue acusado de traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. No obstante, cuatro meses tras su detención, se le retiró la acusación de traición a la patria y el juicio continuó hasta diciembre de 2020, cuando el militar fue condenado a siete años y seis meses de prisión.
Desde entonces se ordenó un traslado a la cárcel de Ramo Verde que en ningún momento se ha concretado, pese a que el juez ha dado la orden en diversas ocasiones. La Dgcim lo mantiene en su sede, lugar donde Marín Chaparro y sus familiares denuncian que es sometido a torturas y malos tratos.
Fuente: Tal Cual& ;