Oficina de la CPI en Venezuela frenará decisiones del Gobierno

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-& ;El 31 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó por segunda vez a Venezuela e informó que se iba a instalar una oficina en Caracas como parte de las investigaciones de delitos de lesa humanidad que esta corte desarrolla desde el 2 de noviembre de 2021. Según defensores de derechos humanos, la medida llena de esperanza a las víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, persecución, desapariciones forzadas y asesinatos que se han cometido en el territorio, en el contexto de las manifestaciones políticas desde 2017.

Consideran que con la presencia de funcionarios de un tribunal internacional en Venezuela, las violaciones de derechos humanos se podrán contener porque uno de los objetivos de esta oficina será verificar si las reformas judiciales que se han hecho desde 2021 cumplen y se adaptan a los estándares internacionales, si se han condenado a actores materiales, intelectuales y a la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad, y si las víctimas han tenido una justicia real y el Gobierno ha resarcido los daños.

«Que instalen una oficina de la CPI en Venezuela es una evidente interpretación que se cometieron y se cometen crímenes de lesa humanidad. Lo segundo es que no confían en la justicia venezolana, porque de confiar esperarían que Venezuela le envíe los resultados de las investigaciones, el enjuiciamiento y quizás condenatoria de los responsables de esos crímenes», expresó el abogado penal, Joel García, quien lleva el caso de Ronald Carreño, preso político desde hace más de 500 días que se mantiene encarcelado en El Helicoide.

Aplaude el anuncio de Karim Khan, porque considera que está siendo contundente con las investigaciones en Venezuela, al destacar que Colombia estuvo 17 años con un examen preliminar y en todo ese tiempo la CPI no consideró instalar una oficina, a pesar de que se investigaban los ataques terroristas de la guerrilla colombiana que causaron muerte y desolación por más de 60 años.

«Si la CPI se instala en Caracas los abogados defensores podrán pedir cita, consignar copia de los expedientes, copias de toda aquella evidencia que sustenta una denuncia de crímenes de lesa humanidad», apuntó.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), sostiene que esta oficina pondrá el foco en si el sistema de justicia venezolano avanza en juzgar los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Roma, que es la constitución de la CPI.

«Sabemos que desde Venezuela en los últimos meses se ha tratado de demostrar que hay esa intención, esa capacidad de juzgar a los responsables de violaciones sistemáticas de DD. HH. Pero también sabemos que realmente no ha habido verdaderos avances en ese sentido y que lo poco o mucho que se ha hecho tiene que ver con el juzgamiento de autores materiales o perpetradores de asesinatos, no toca a los autores medios o altos, que son la cadena de mando», refirió.

Informó, además que la oficina de la CPI prestará asistencia técnica al sistema de justicia nacional. «Consideramos que la presencia de esos funcionarios en nuestro país puede ser una suerte de muro de contención, o quisiera yo pensar que fuera así, respecto a que se mantenga ese patrón de persecución contra disidentes y contra activistas y defensores de DD. HH.», exclamó.

Recabarán pruebas

La internacionalista, María Alejandra Aristeguieta, quien además fue embajadora de Venezuela en Suiza, designada por el gobierno interino, destacó que esta oficina de la CPI viene a recabar pruebas in situ de las denuncias que abogados, víctimas y ONG le han hecho llegar a La Haya.

«La instalación de una oficina es una práctica normal cuando se está realizando una investigación. Esa oficina es para poder tener un equipo en el terreno venezolano para poder recabar las pruebas necesarias que van a acompañar esas acusaciones que han recibido. La información las llevan abogados de las víctimas, primero son unas denuncias luego se deben convertir en acusaciones. Para que hayan las acusaciones, los abogados deben presentar las pruebas y ellos tienen que recabar todas las pruebas que van a acompañar el caso para poder llevarlas a juicios», explicó.

Indicó que la CPI también instaló una oficina en Sudán y el anuncio lo hizo el 13 de agosto de 2021, allí se investigan crímenes de guerra y de lesa humanidad, y han solicitado la detención del presidente Omar Bashir. También la de varios de sus exfuncionarios que están prófugos de la justicia.

Manifestó que esta oficina se puede instalar en Venezuela en menos de tres meses, y si hasta ahora el gobierno venezolano permitió el acceso a estos funcionarios es por el respeto que se le tiene a la CPI, único tribunal en el mundo que puede investigar, juzgar y condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad aún estando en el poder.

«Yo no dudo que el régimen, así como lo ha hecho con otras oficinas que están establecidas en Caracas sobre DD. HH., instale alrededor de estos funcionarios de la CPI un cordón de seguridad, con la excusa de brindar seguridad. Van a tratar de manejarlos, vigilarlos. Pero los fiscales y colaboradores de Karim Khan saben y están acostumbrados a trabajar en ambientes donde hay espías, ellos tienen los protocolos necesarios para poderse manejar en situaciones similares», apuntó.

Acciones de la CPI son contundentes

La internacionalista, María Alejandra Aristeguieta, precisó que la Oficina de la CPI tiene grandes diferencias de acción en comparación con la Oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que se instaló en Venezuela el 22 de junio de 2019.

«La oficina de la alta comisionada de la ONU ha tenido muchas críticas, la de la CPI tiene una función específica. No es para dar cursos, no es para hacer una promoción de los DD. HH., que es en lo que se ha acentuado la oficina de la alta comisionada, sino es para recabar pruebas y para poder ver de cerca lo que está haciendo el régimen, porque el oficialismo les había hablado de la reforma del Poder Judicial y de que iban a llevar a juicio a una serie de personas. Evidentemente, el Gobierno tiene buena parte de la información, pero ellos tienen que documentarse sobre las modificaciones de las leyes, tienen que revisar los decretos, los procesos internos que está llevando el Poder Judicial, los presuntos culpables y los asesinados que Tarek William Saab dice haber estado investigando», expresó.

El abogado, Alí Daniel, director de la ONG Acceso a la Justicia, destacó que la Oficina de la alta comisionada de la ONU no está en el país para vigilar al Gobierno ni para evitar que siga violando derechos humanos. «La alta comisionada recibe casos, los procesa, muchos casos los hace del conocimiento del Gobierno, pero no tiene capacidad de presionar al Gobierno, más allá de explicar la gravedad de los casos que le presentan. La CPI es otra cosa, si se determina que en Venezuela no se están investigando los crímenes de lesa humanidad, el fiscal puede solicitar arrestos, orden de detención», manifestó.

Calixto Ávila, representante de Provea en La Haya, manifestó que el éxito de la oficina de la CPI en Venezuela, dependerá de la actitud de Karim Khan para hacer cumplir el Estatuto de Roma.

«También es necesario que el gobierno de Maduro dé muestra de buena fe. Es algo que no ha mostrado en el cumplimento de los tratados de derechos humanos, sino que ha asumido una actitud de simulación de cumplimiento», puntualizó.

Sociedad debe exigir garantías

Calixto Ávila, representante de Provea en La Haya, indicó que un aspecto fundamental para que la oficina de la CPI en Venezuela logre justicia, dependerá de la participación de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, abogados y víctimas.

«Sin la participación de la sociedad con plenas garantías es imposible que una oficina de la Fiscalía de la CPI logre sus objetivos», dijo.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, destacó que aunque el gobierno venezolano está en desacuerdo con la investigación, está obligado a cooperar.

Esperan nuevas liberaciones& ;

«Consideramos que en el caso de presos políticos donde los elementos en la investigación sean débiles se den excarcelaciones, las ONG de Derechos Humanos ven con agrado la liberación de presos políticos«, así lo manifestó Abraham Cantillo, coordinador de Foro Penal de Venezuela en Lara.& ;

Esta ONG contabiliza más de 200 presos políticos en Venezuela. «La ventaja es que esta oficina de la CPI es la que hará que se hagan investigaciones más limpias en Venezuela, porque tiene más acceso a los expedientes, a las víctimas», expresó.& ;