EFE | LA PRENSA.- La Organización de Estados Americanos (OEA) ha recibido dos proyectos de resolución sobre la situación que vive Venezuela a debatir en la próxima reunión de cancilleres del hemisferio que tendrá lugar en su sede de Washington el próximo miércoles.
Según recoge hoy la web de la organización, los Estados de Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá presentaron una propuesta para que la OEA inste al Gobierno de Nicolás Maduro a frenar la convocatoria de la Asamblea Constituyente “en la forma en que está concebida actualmente”, así como a suspender los enjuiciamientos de civiles por tribunales militares, entre otros aspectos.
La misión de Antigua y Barbuda presentó otro borrador en el que también insiste en poner fin al proceso de la Asamblea Constituyente convocado por Maduro hace unas semanas y para el que se prevé elegir a un total de 545 corredactores de una nueva Constitución para el país.
La propuesta de Antigua y Barbuda también pide la “cancelación de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en los términos en que está concebida”, así como “el retorno inmediato a la normalidad de las relaciones políticas, incluido el respeto y la aplicación del Estado de Derecho”, la “liberación de los presos políticos y la adopción de un calendario para las elecciones”.
Este borrador apunta, además, que “se han formulado declaraciones sobre la situación en Venezuela sin la autorización del Consejo Permanente”, en alusión a las declaraciones de su secretario general, Luis Almagro.
Antigua y Barbuda plantea “que solo el Consejo Permanente está autorizado a hacer declaraciones sobre los asuntos internos de los Estados Miembros, salvo cuando específicamente delegue esta autoridad”.
Los embajadores en la OEA se han reunido en público y en privado en los últimos días para preparar el encuentro y acercar posiciones entre quienes quieren contundencia para presionar al Gobierno venezolano a hacer cambios y quienes prefieren que el organismo esté en un segundo plano al respecto.
Están trabajando sobre “un documento base” para tratar de consensuar una resolución, algo que no será fácil porque toda decisión que se tome en la reunión debe aprobarse por dos tercios de los países que asistan.
Si, como está previsto, participan 33 naciones, serían necesarios 22 votos para aprobar cualquier texto.