Andrea Barrios | LA PRENSA DE LARA.- En una realidad migratoria de más de 7.7 millones de venezolanos según la plataforma R4V, la población infantil es la más afectada ante políticas gubernamentales de países receptores como Colombia y las islas pertenecientes a Países Bajos, así se afirmó este 20 de diciembre en el conversatorio #VenezuelaEnEmergencia realizado por el Observatorio Social Humanitario.
Paula Andrea Jiménez, periodista venezolana radicada en Colombia y especialista en migración, explicó que este país ha recibido a 2.9 millones de venezolanos, lo que representa el 37% de la diáspora venezolana, siendo la población infantil la más vulnerable y por lo tanto la más afectada por desapariciones causadas por trata de personas y trabajo forzoso.& ;
Señaló que la cifra de niños desaparecidos registrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aumentó de alrededor de 100 a más de 300 en la página «Me conoces Niños Venezolanos», durante 2023.& ;
La situación no es muy diferente en las islas del Caribe, como Aruba o Curazao. El periodista Pedro Pablo Peñaloza& ;afirmó que la población venezolana en estos territorios sobrepasa la capacidad que tienen para recibir migrantes, además de ausencia de políticas que respalden la condición de refugiados para los ciudadanos extranjeros.
En el caso de Aruba, Peñaloza sostiene que hay 17 mil venezolanos, lo que representa el 15 % de la población total de la isla, mientras que en Curazao, la población venezolana llega a 10 mil, un 10% de su habitantes.
& ;Ante esta realidad, la capacidad de respuesta de los países receptores es limitada, por lo que han optado por «políticas que dificulten» el acceso regular al territorio para que el migrante no tenga más opción que regresarse, señala Peñaloza.
En el caso de la población infantil, indicó que a pesar de que los niños viajan con tutores como tíos o abuelos para llevarlos ante sus padres, quienes están radicados en las islas, son trasladados a casas hogar y aislados de sus tutores por una temporada hasta que se regularice su llegada al territorio, en la que se evalúa como primera opción la deportación.