Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA DE LARA.- Las constantes fallas en servicios públicos despertaron el descontento de cientos de venezolanos que decidieron tomar las calles durante los últimos días para exigir soluciones a las autoridades.
Las acciones de las personas han generado como consecuencia una serie de represión que llevó al abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez a hacer público su rechazo.
«El Estado venezolano ha arremetido contra los ciudadanos que, cansados de ser víctimas del desprecio y del engaño, han alzado su voz por la falta de agua, de electricidad, de gas, alimentos, medicinas y transporte y, en vez de buscar solucionar los problemas de la población, responde con balas de goma, sustancias tóxicas y golpes a garrotazo limpio contra los manifestantes», expresó en una nota de prensa.
El también director de la ONG Derechos Civiles, resaltó que la Constitución de la República garantiza el derecho de las personas para llevar a cabo protestas pacíficas y además prohíbe el uso de armas de fuego, sustancias toxicas y el uso desproporcionado de la fuerza.
El experto en leyes argumenta que las personas han decidido tomar las calles debido a «el colapso de los servicios básicos, como agua, energía eléctrica, gas doméstico y la escasez de combustible o el suministro de no de mala calidad, así como la matraca sin escrúpulos por parte de algunos efectivos de los cuerpos de seguridad».
Comenta que el Estado venezolano ha optado por sacar a los cuerpos de seguridad más represivos como la Guardia Nacional (GNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes «sin piedad» arremetieron contra los manifestantes con disparos y gases lacrimógenos.
Criticó que, mientras a la población indefensa le descargan toda la potencia de la represión, el hampa hace de las suyas sin que nada la detenga, y en este sentido hizo referencia a la situación de diversas zonas de Caracas, como la Cota 905, que, al igual que otras del interior del país, han sido tomadas por bandas delictivas.
El profesional del derecho mencionó en el texto que condena actos como el que se presentó días atrás en Cabudare, estado Lara, donde efectivos de seguridad infligieron tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de algunos ciudadanos.
Hizo referencia además a que colectivos armados prestaron juramento en El Obelisco de Barquisimeto y emitieron un decreto contra los que se encuentren en las calles protestando.
«Estamos en presencia de un Estado que se ha declarado enemigo de los derechos humanos y garantías constitucionales y eso es muy grave para una población que luce indefensa y sin esperanzas», finalizó diciendo.