Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, tras culminar dos añ;os de investigación sobre Venezuela, alertó que ha tenido limitaciones para investigar a profundidad por condiciones contractuales y el traslado y rotación imprevistos de personas que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Organismo del que depende presupuestariamente la misión, y que hasta finales de agosto estuvo a cargo de Michelle Bachelet.
A pesar de eso, este 20 de septiembre presentaron dos amplios informes sobre Venezuela, uno relacionado con los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el segundo sobre las violaciones de derechos humanos cometidos contra la población indígena del estado Bolívar por la explotación del Arco Minero del Orinoco.
Para defensores de derechos humanos, ambas investigaciones revelan que en Venezuela no existe independencia de poderes, y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene pleno conocimiento de los delitos cometidos, y de «dar las órdenes» de la actuación de las unidades de inteligencia que han atacado sistemáticamente a la población opositora desde 2014. Asimismo, consideran que debido a la rigurosidad de la investigación donde entrevistaron a 246 personas, entre víctimas directas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, así como consultas a testigos, familiares y exfuncionarios de inteligencia, los informes son un insumo importante para que la Corte Penal Internacional (CPI) los tome en cuenta e investigue estos casos en el país.
«Las investigaciones de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos al azar y desconectados que actuaron solos dentro del Sebin y la Dgcim. Por el contrario, la Dgcim y el Sebin fueron parte de una maquinaria diseñ;ada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir a la disidencia y cimentar su propio control de poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente, Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades», así lo expresó Marta Valiñ;as, presidenta de la Misión de la ONU, en un video ante el Consejo de DD. HH. de la ONU.
Al referirse a la Dgcim, la misión reveló que 122 oficiales militares y civiles fueron arrestados, detenidos y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 hasta la actualidad. «Los añ;os 2017, 2018 y 2019 fueron el período en que la Dgcim produjo el mayor número de detenciones en Boleíta. La misión recibió información de que 85 personas continúan privadas de libertad en alguno de los diversos centros de detención operados por la Dgcim en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta», precisan.
Señ;alan que altos funcionarios del Gobierno ordenaron esas detenciones: «La mi
