Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- La deuda del Gobierno de Nicolás Maduro con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tuvo sus consecuencias, y es que expertos lamentan que Venezuela perdió la oportunidad de tener vacunas contra la COVID-19 a precios asequibles y no entienden cómo mantiene una morosidad desde 2017 por $11 millones al Fondo Rotatorio de Vacunas, cuando si hubo $60 millones para adquirir máquinas electorales en diciembre de 2020. Advierten que el Estado no tiene la capacidad de producirla, pues no hay ni la certeza del diagnóstico inicial, ante las limitantes con las pruebas PCR.
Esto ha causado indignación por tratarse de un país tan vulnerable y ni siquiera fue incluido entre los 10 priorizados para este beneficio. Especialistas critican fuertemente cómo se prefiere gastar dinero en constantes bonos a través del carnet de la patria, compra de armamento y máquinas electorales, sabiendo las necesidades en el sector salud durante esta emergencia de pandemia. Una realidad que empieza desde cada centro de salud por la falta de insumos, una desmoronada infraestructura y el personal sanitario expuesto sin la dotación de las medidas de bioseguridad.
La critica es contundente en la voz de María Teresa Pérez, ex directora regional de Salud, cuando reprocha que «se gasta un dineral en armas y ni siquiera estamos en guerra. Pero se sigue descuidando la estructura de salud, con un Estado que ni siquiera tiene capacidad de respuesta en esta crisis por coronavirus. No le interesa la salud a este gobierno».
Ese desinterés se traduce en la morosidad ante la instancia internacional y es considerado como «la falta de prioridad para el sector salud y que sea más conveniente gastar en máquinas para los comicios parlamentarios», critica Edgar Capriles, experto en economía de la Salud. Lo relaciona a la cifra 5 veces superior por la adquisición de 29.662 máquinas de votación nuevas y que según Leonardo Morales, vicepresidente del CNE, cada una costó aproximadamente 2.000 dólares. Total que ronda en 60 millones de dólares.
Señala que no se entiende cómo aún existe esa deuda. «¡Ese monto es nada, comparado con otros gastos!», denuncia Capriles en tono fuerte de lo que considera como una falta de disposición. «Invierten en lo que los mantenga en el poder», refiere del interés del gobierno en las máquinas electorales.
También critica que la OPS debería estudiar a más profundidad y no equivocarse, porque la economía de los venezolanos se aproxima a la del país más golpeado, Haití. Todo con una caída brutal del 95% del ingreso, por una coyuntura país que traía el descenso económico y se acentuó con la pandemia, a partir del desempleo, bajos sueldos y con venezolanos forzados a rebuscarse con entradas extras de la economía informal.
«¿Podría un venezolano adquirir una vacuna entre $ 8 a 15?», se pregunta Jaime Lorenzo, desde la organización Médicos Unidos de Venezuela, al señalar el valor promedio en otros países. Responde que sería imposible cuando el salario mínimo no llega ni a $2. De allí, el llamado plan ampliado de inmunización gratuita o en última instancia a precios más accesibles.
Cita que se deben entender los planes alternativos de contingencia. Todo entendiendo el tema de la salud desde la unión de criterios y descartando el sesgo político. Una atención que debe ser asegurada a todos los ciudadanos, sin la condicionante del ingreso económico. La inmunización en colectivo con la única esperanza de frenar a este virus que ha contagiado a más de 96 millones de pacientes en el mundo y a casi un año de pandemia.
Un vuelco que podría darse con vacunas garantizadas como desde la OPS, además del apoyo económico que representaba, con precios acordes a la economía de países que han sido tan golpeados por la hiperinflación.
La respuesta del Ejecutivo ha sido justificar una tardanza con la OPS por las sanciones del bloqueo económico y solo ha dejado claro a finales de diciembre de 2020 que firmó un contrato con Rusia para el suministro de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. «Eso es lo que se sabe con precisión y que se encuentra en el proceso de censar a ese primer grupo más vulnerable», refiere la epidemióloga Carmen Torres.
La garantía debe ser la salud
El vacío también se siente en la falta de información, esa que no solo se limita a los misterios de la data oficial. Así el ex ministro de Salud, José Félix Oletta, empieza por señalar que hay más preguntas, que respuestas. «Es deplorable que Venezuela esté fuera del Covax, cuando contempla ese carácter equitativo entre los países más pobres», rezonga al insistir que se deberían continuar las conversaciones, enviar una carta de intención y así pelear este espacio.
«¿Por qué Venezuela no aplicó? y ¿Quiénes fueron los responsables de no lograr un acuerdo en 15 días?«, preguntó este experto ante la falta de claridad y el silencio del Ministerio de Salud. Una inercia que ni siquiera tiene el aval de la posibilidad de producción nacional, cuando no hay capacidad de dotación en centros de salud y de pensar en una vacuna, sería un proyecto a largo plazo. «No hay planta y de ejemplo se tiene el intento de la vacuna contra la influenza, que desde aproximadamente 6 años se quedó en los cajones del IVIC», compara ante la premura de tiempo contra este virus.
Es tan grave la situación que nuevamente la doctora María Teresa Pérez interviene con el derecho a la salud establecido en la Constitución Nacional y reitera la urgencia de asegurar las vacunas. «Tenemos Covid y una población tan vulnerable, que empieza por la vida del personal sanitario, ese que ha muerto cumpliendo con su deber en centros médicos», gritó para recordar la necesidad de buscar alternativas.
Resalta que las vacunas deberían estar en primera línea. «Pero vemos que al gobierno no le interesa el pueblo y simplemente lo utiliza para lo que considere más importante», lamentó de esta oportunidad que se perdió con el Covax de la OPS, sabiendo la confianza de estos laboratorios en una vacuna con ARN. Eso tendrá un costo y será en detrimento de la salud pública nacional.
«Tenemos que organizarnos y que sea de manera pacífica para exigir nuestro derecho a la vida, siendo las vacunas, la única manera para prevenir tantas complicaciones que siguen enlutando a familias», señaló Pérez, rechazando las intermitencias entre flexibilidad y cuarentena radical, mientras los casos comunitarios siguen en ascenso. Los expertos confían en la disposición de la Unicef y demás instancias internacionales por ayudar a los venezolanos, pero que exista la preocupación gubernamental.