Angélica Velásquez | LA PRENSA DE LARA.- La intervención del Movimiento Internacional de la Cruz Roja en Venezuela sentó un precedente importante en la política restrictiva del gobierno venezolano en contra de las organizaciones sociales que operan en el país, explicó este jueves Mario D’ Andrea, codirector de ONG Civilis Derechos Humanos.
«Esto es un ejemplo de lo que puede suceder con otra organización humanitaria que trabaja en Venezuela, no es más que otra política restrictiva del Estado Venezolano que busca preocupar y mantener en alerta a las ONG«, comentó D’ Andrea durante el foro «Venezuela en Emergencia: Derecho a la Asociación en riesgo y sus implicaciones en las organizaciones humanitarias, caso Cruz Roja», organizado por el Observatorio Social Humanitario.
El abogado D’ Andrea habló sobre tres elementos que se identifican en las medidas restrictivas del gobierno nacional sobre el caso Cruz Roja.& ;»Sin una investigación previa, se asumen como ciertas las presuntas denuncias recibidas, y sin el respeto a la respectiva averiguación que se debía hacer, se toman medidas autoritarias y en este caso fue la intervención de la figura internacional».
D´Andrea explica que el Ministerio Público debió iniciar una investigación, específicamente contra el presidente destituido Mario Villarroel, tras recibir las presuntas denuncias de abuso de poder y actuaciones irregulares en los usos de los recursos de ese organismo. «Las personas investigadas debían separarse de sus cargos y la propia Cruz Roja era la que tenía que llamar a elecciones y modificar los estatus si así lo consideraba«, expresa.
Libertad de asociación
Para D’ Andrea, otro elemento que preocupa a las organizaciones es la intervención judicial de la Cruz Roja venezolana que afectó los principios fundamentales de neutralidad e independencia que deben regir la institución.
El principio de independencia establece que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja «debe resistir cualquier injerencia, ya sea política, ideológica o económica, que pueda desviarlo de la personificación de los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad» explicó.
«Que un tercero decida quienes son los miembros; es decir la directiva, y que esta directiva pueda modificar sus estatutos, afecta la imparcialidad y neutralidad porque la Sociedad venezolana de la Cruz Roja no es una institución gubernamental ni una ONG, es un auxiliar, por eso está protegida por los Convenios de Ginebra y sus protocolos», argumenta.
D´Andrea advierte que la sentencia del TSJ que ordenó la intervención de la Cruz Roja venezolana sienta un precedente «muy negativo» que atenta contra la libertad de asociación. Se profundiza la intervención de la libertad de asociación y se continúa el patrón que se viene aplicando en contra de los partidos políticos y demás actores de la sociedad civil. «En Venezuela se han intervenido colegios de ingenieros y hasta juntas de condominio a través del TSJ», manifestó.
Comité interventor aislado al ámbito humanitario& ;
Mediante una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno nacional informó que la Cruz Roja de Venezuela sería reestructurada. La decisión de la sala constitucional respondía a una solicitud del fiscal general, Tareck William Saab, donde la sala instruyó al expresidente de Fedecámaras, federación que reúne a los principales empresarios del país, Ricardo Cusanno, para que dirigiera el proceso. Una decisión que diversas ONG venezolanas cuestionaron en su momento.
Un punto que resaltó D’ Andrea en su intervención, donde explicó que dentro de las acciones en el caso Cruz Roja, se evidencia como involucraban a terceros, que no forman parte del trabajo humanitario y no poseen experiencia dentro de las organizaciones de derechos humanos. «Las nuevas autoridades, en su mayoría, no tienen experiencia ni experticia en el asistencia humanitaria, lo que también abre interrogantes respecto a la naturaleza y procedimiento de estas designaciones», señaló.
Unión de la sociedad civil y ONG
Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorio de Paz, también participó en el encuentro virtual y resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil en la denuncia pública de las violaciones impuestas en contra del trabajo de las organizaciones humanitarias en Venezuela, «estos ataques constituyen una amenaza no sólo al trabajo de las ONG sino para todo el apoyo y la contención que requieren los beneficiarios de los programas de asistencia que se implementan en el país para atender la emergencia humanitaria compleja, todo el apoyo brindando y acompañamiento externo es importante en esta lucha».