Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA de Lara.- Luego de que Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas confirmara que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) llegaría al país el próximo lunes 3 de febrero, Jorge Arreaza canciller de la República se pronuncio en torno a la noticia asegurando que la misma no cuenta con la aprobación del gobierno de Maduro.
Argumentando que Venezuela no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), Arreaza publicó en su cuenta de Twitter un comunicado firmado por Larry Devoe, agente del gobierno ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos donde dejó claro que el ingreso del órgano al país no está autorizado.
«En ningún momento el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado o dado anuencia para realizar una visita» reza la misiva dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
Asimismo, comentó que el reglamento del órgano establece que las «visitas in loco» se deben aplicar únicamente cuando el gobierno de cualquier país lo solicite, mencionando que la Asamblea Nacional no tiene potestad para hacer la petición.
A su vez, expresa que desconocen el accionar que ha tenido la oposición venezolana ante la OEA y la CIDH, como parte de lo que el oficialismo ha catalogado «usurpación de funciones».
En ese sentido, se puede apreciar que el Ejecutivo Nacional se mantendrá trabajando con la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos.
Luego de casi 17 años sin arribar al país, la comisión que estará integrada por cinco personas mantendrá una agenda de tres días en Venezuela (hasta el siete de febrero), esto para corroborar las denuncias que se han presentado sobre la violación de derechos humanos que según denuncias de la militancia opositora ha cometido el gobierno oficialista.
Puntos de la agenda propuestos por el gobierno interino a la CIDH:
1) Persecución de diputados y penalización en el ejercicio de la función pública a opositores por parte del régimen de facto.
2) Independencia judicial y el Estado de derecho.
3) Métodos de control social en Venezuela, CLAP, colectivos, uso del Carnet de la Patria.
4) LIbertad de expresión y persecución a los periodistas, despojo de equipos cuando están cubriendo las fuentes.
5) Ecocidio en el Arco Minero en conjunto con la vulnerabilidad de derechos de los indígenas.
6) Funcionamiento de los servicios públicos.
7) Uso de la fuerza y abuso de poder por parte de «grupos de exterminio» como FAES, Sebin y Dgcim».
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