Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Sin mayores detalles, las sesiones parlamentarias fueron diferidas los días 25 y 29 de marzo y la de ayer 5 de abril para que el Comité de Postulaciones Judiciales presentara la lista definitiva de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ser sometida a votación por la Asamblea Nacional (AN) 2020 dominada por el chavismo. Juristas alegan que el proceso se paralizó por pugnas internas del oficialismo y denuncian una violación a la Constitución, al permitir que magistrados activos se postulen por 12 años más, cuando la carta magna en su artículo 264, establece que sólo pueden aspirar a ese cargo por un único período.
«El proceso dista mucho de ser transparente», aseguró Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. Contó que el 23 de febrero, la AN en su cuenta de Twitter presentó una lista de 434 postulados a magistrados (la única que se ha hecho pública). Posteriormente, esa cantidad se redujo a 254 aspirantes tras revisión del Poder Ciudadano que culminó el 21 de marzo. Hasta allí se dejaron de conocer detalles.
«No sabemos cuántas impugnaciones se hicieron y si cumplieron con el procedimiento que dicta la ley. Cuando un postulado es impugnado deben darle el derecho a la defensa en un proceso que debe ser público. Además, desconocemos la lista definitiva de los postulados a los cargos de magistrados a las distintas salas del TSJ, y la de inspectores de tribunales y de director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Tampoco sabemos cuál es el baremo que utilizó el Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los postulados», apuntó.
Afirma que este era un proceso que se estaba realizando a la carrera, caracterizado por la brevedad. «Se acortaron las normas constitucionales del ejercicio de la participación y al final no sabemos qué nombres remitió el Poder Ciudadano al parlamento», reiteró.
Incluso en una nota de prensa publicada por la página web de la AN de fecha 23 de marzo, se informó que en tan sólo dos días se entrevistaron a 240 aspirantes. Según una investigación realizada por el portal web Armando.info, esto representa que si la jornada tuvo 24 horas, cada postulado fue entrevistado en un tiempo de 12 minutos máximo.
Trapitos al Sol
La doctora Cecilia Sosa, quien fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, alegó que esta paralización de la elección de 20 magistrados principales y 20 suplentes, se debió a las declaraciones hechas por el diputado del PSUV, Pedro Carreño el pasado jueves 31 de marzo, en un programa televisado llamado «Desenlace», en entrevista con el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, general de la Armada, Giuseppe Alessandrello. En la cual afirmó que «el funcionamiento del TSJ es un desastre».
«En este Tribunal que se va se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34. Que hay una magistrada 33 que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país. Y hay otra señora que con la designación ella es quien decide cuándo hace efectivo, cuándo es la entrega, cuándo juramentan. ¡Un desastre total!», exclamó Carreño.
Sosa sostiene que las declaraciones de este parlamentario, que forma parte del cogollo del PSUV, no fueron espontáneas ni buscan transparencia en el proceso, evidencian por primera vez y de manera pública que dentro del oficialismo hay una fragmentación.
«En el oficialismo hay dos bandos que están enfrentados para escoger a los magistrados. Su objetivo es atacar a uno de los grupos del oficialismo que pretenden dejar a algunos magistrados en el poder, entre ellos a Maikel Moreno, actual presidente del TSJ que aspira ser reelecto. Esta es una elección para no cambiar nada. El problema no es que esté o no Maikel Moreno, el tema aquí es quién controla el TSJ, y quien lo tiene que controlar es la AN», manifestó.
Alega que el parlamento tiene que nombrar a las autoridades de los demás poderes públicos y que estas elecciones se realizan por repartición de cuotas de poder.
«La AN va a nombrar a quien le convenga al régimen, para dar una fachada de que hay una renovación de poderes por las investigaciones que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, para determinar si en el contexto de las manifestaciones políticas de 2017 se han cometidos crímenes de lesa humanidad. Me imagino que hay dos grupos en el oficialismo, los que quieren mostrar la apariencia de instituciones independientes y los que quieren un tribunal mucho más estricto o controlado por el Poder Ejecutivo», comentó Sosa.
Ataque a Maduro
Para Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, las declaraciones de Carreño son un ataque directo contra el jefe del gobierno venezolano Nicolás Maduro.
«Hay que recordar que este TSJ fue escogido en 2015 entre gallos y medianoche por una AN que presidía en ese momento Diosdado Cabello, antes de entregar el Palacio Federal Legislativo a la oposición que había ganado la mayoría calificada en las elecciones parlamentarias de ese año. Se decía en ese momento, que Cilia Flores, primera dama de la República, tenía mucho poder. Los que entraron de magistrados lo hicieron con la venia de Flores, Maduro, Cabello y Carreño, por lo tanto si atacan a ese TSJ atacan a Maduro directamente», recalcó.
Indicó que dentro del PSUV, Carreño no toma decisiones importantes, pero sí está en el segundo renglón de acción del PSUV.
A su criterio, este TSJ ha sido la institución que le ha servido a Nicolás Maduro para sostenerse en el poder, le ha favorecido en resultados electorales y logró sacar del juego a la AN en 2015.
«La importancia de este TSJ está en lo que no ha hecho, frente a la cantidad de irregularidades de Maduro. No ha procedido a investigarlo, todo lo contrario, se afincó contra la legítima AN, y la sacó del escenario político», resaltó.
Según la ONG Transparencia Venezuela, en la lista de 434 postulados al TSJ que publicó la Asamblea Nacional el 23 de febrero, se contabilizan 30 magistrados de 32 aspirantes a ser reelegidos.
Además de Maikel Moreno, actual presidente del TSJ, también se lee el nombre de Indira Alfonzo, quien conduce la Sala Electoral y fue presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2020.
Fanny Márquez, integrante de la Sala Electoral, también aspira a seguir dictando sentencias, así como Carmen Zuleta de Merchán, actual miembro de la Sala Constitucional, quien se sentó en la silla del TSJ en 2005, busca su tercera elección para lograr 28 años frente al máximo tribunal.
«Juan José Mendoza y Malaquías Gil forman parte del grupo de magistrados del TSJ designado en 2010 y cuyos mandatos expiran este diciembre próximo», reseña Transparencia Venezuela en una publicación.
Señala que sólo los magistrados Arcadio Delgado Rosales, actual vicepresidente de la Sala Constitucional; y Jhanett Madriz, de la Sala Electoral que actualmente se desempeña en la Embajada en Panamá, decidieron no postularse nuevamente para estos cargos.
Son del PSUV
Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Contraloría Electoral de la organización civil Súmate, indicó que en esta primera lista también aspira como magistrada Tania D’Amelio, actual rectora del CNE y presidenta de la Junta Nacional Electoral.
«D’Amelio está apadrinada por Cilia Flores y lo que hay que destacar es que no tiene experiencia judicial. En Súmate hemos denunciado que los poderes públicos deben ser integrados por funcionarios sin afinidad partidista, y ella abiertamente era integrante del PSUV», comentó.
En esa lista, también está Susana Barreiros, la jueza responsable de la sentencia contra el dirigente opositor y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López.
«No estamos cambiando nada y además el TSJ se lo está repartiendo políticamente entre diputados, cosa que es absolutamente prohibido por la Constitución de 1999», recalcó la exmagistrada Cecilia Sosa.
Según el diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Guillermo Palacios, aunque en la primera lista de 434 elegibles a magistrados salgan reflejados nombres como los de Luis Emilio Rondón, exrector del CNE y que lo estén identificando con la oposición, los cuatros partidos que integran el G4, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia no avalan esta selección ilegal.
«Eso es un maquillaje que está preparando el régimen con el propósito de hacerle ver a la Corte Penal Internacional que está tomando medidas con el tema de la justicia. Pero eso no representa ninguna diferencia en cuanto al tema fundamental, que es la impunidad», expresó.
Afirma que el sistema de justicia venezolano seguirá sin funcionar, y sin respetar el Estado de derecho.
«Esos personajes que se postularon a magistrados no tienen nada que ver con la Mesa de la Unidad Democrática, son parte de la llamada Alianza Democrática, son alacranes o miembros de la mesita, es decir, no son oposición», afirmó.
Para María Verdeal Durán, abogada especialista en ciencias penales y vicepresidenta nacional del partido MAS, las declaraciones de Pedro Carreño dejan en evidencia que el proceso de selección de los magistrados, aunada a la repartición de cuotas de poder político, además de que los aspirantes carecen de credenciales resta imparcialidad para integrar el TSJ.
«Criticamos que esta circunstancia de índole político puede alterar lo que se dice que es un proceso para reinstitucionalizar a Venezuela. Conocemos de abogados probos, que cuentan con la preeminencia para esta escogencia con credenciales y no afiliación política como aspirantes», exclamó.
El Comité de Postulaciones Judiciales está conformado por 11 diputados de la AN y 10 representantes de la sociedad civil.
Entre los parlamentarios, siete son del PSUV: Giussepe Alessandrelo, quien preside el comité; Gladys Requena, Rosa León, Génesis Garret, Julio García Zerpa, Francisco Torrealba y Arnaldo Sánchez.
Los parlamentarios de oposición son Luis Parra, del partido Primero Venezuela; José Gregorio Correa y Oscar Ronderos del partido Acción Democrática intervenido judicialmente y Timoteo Zambrano, de Cambiemos Movimiento Ciudadano.