Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-& ;»En 2022 la razón por la que el Gobierno sólo decretara un aumento del salario mínimo, era para tratar de mantener control sobre el incremento de los precios de productos y servicios. El oficialismo temía que si hacía un ajuste relativamente generoso del salario, eso se iba a traducirse en búsqueda de dólares, presiones en el mercado cambiario, depreciación de la moneda e inflación más alta. Ahora la razón fundamental para mantener congelado el salario mínimo es diferente. Hay una crisis fiscal, es decir el Estado no tiene recursos». Así lo considera Leonardo Vera, profesor titular de la cátedra de Macroeconomía de la UCV y doctor en Economía de la Universidad de East London.
Sostiene que esta decisión del Ejecutivo nacional sólo incrementa la conflictividad social, por ser una medida altamente impopular. «Frente a un movimiento laboral minimizado, con muy poca capacidad de organización, el Gobierno se siente confiado de avanzar en este tipo de medidas, porque no teme que le pueda ocurrir una especie de estallido que ponga en riesgo la gobernabilidad del país«, expresó.
¿Por qué el presidente de la República decidió no aumentar el salario mínimo acabando con los pasivos laborales?
La razón es que Nicolás Maduro está atravesando una crisis fiscal y como el salario mínimo no se había ajustado en casi 400 días, la brecha entre ese salario mínimo y la canasta alimentaria que en dólares es gigantesca, equivale a $510.88 dólares según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas). Entonces cualquier compensación que se hubieran dado, significaba un monto en recursos enorme, recursos de los cuales no dispone el Gobierno.
¿Cómo es que el Estado no tiene capacidad de aumentar los salarios si existen más de 15 impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, y la gran mayoría de la producción petrolera se está exportando?
Lo que pasa es que el tamaño de la economía es una cuarta parte de lo que era hace ocho años atrás y por lo tanto se recauda mucho menos. Por otro lado, las exportaciones de crudo y de derivados del petróleo han caído dramáticamente, de hecho estamos hoy exportando menos de una tercera parte de lo que exportamos ocho años atrás. Entonces por más que se hayan inventado algunos impuestos para tocarle el bolsillo a la gente, eso no compensa la enorme caída que se ha producido por el achicamiento de la economía.
¿Cómo es que con una medida altamente impopular, en el país no se registra episodios de masivas protestas, paros o hasta un estallido social, como ha ocurrido en el pasado?
Hay que entender que si la estrategia es ir derrumbando estos beneficios o este sistema de protección social que es muy oneroso para el Estado, la mejor fórmula de conseguirlo es erosionando las fuerzas sindicales, la organización de los trabajadores y esto es algo que venimos viendo desde hace años en el país. Es decir, la destrucción de los sindicatos y la colonización de algunos sindicatos. Frente a un movimiento laboral muy minimizado, con muy poca capacidad de organización, el gobierno se siente confiado de avanzar en este tipo de medidas impopulares, porque no teme en realidad que le pueda ocurrir una especie de estallido social que ponga en riesgo la gobernabilidad del país.
¿El problema es que el modelo rentista se agotó en Venezuela?
Así es, eso ha afectado a la finanzas del Estado, el hecho que hoy día producimos muchísimo menos crudo, exportamos muchísimo menos crudo y de que el aporte que hacen las empresas petroleras al fisco como consecuencia de su actividad haya disminuido dramáticamente, al punto incluso de que no pagan Impuesto Sobre La Renta (ISLR). Eso significa que lo que los venezolanos han conocido como el rentismo, pues esté desapareciendo. Es decir, el que haya unos ingresos extraordinarios que les sirvan al Estado para repartir beneficios y para mantener una nómina pública abultada, esa situación ha cambiado drásticamente. Entonces lo que estamos viendo es que el oficialismo está tratando de hacer una transición, o es necesario hacer una transición, pero la estamos haciendo de la peor manera, tratando de aguantar hasta el final la presión que puedan ejercer los trabajadores públicos.
¿Cómo se debe recuperar el salario en Venezuela?
Se debe recuperar con una reforma de la administración pública, con una transferencia de activos públicos o empresas del Estado a sectores productivos privados, pero en procesos transparentes, para ir bajando la carga de gasto innecesaria que somete al Estado a presiones fiscales.
Cuando el gobierno creó la Ley Antibloqueo (2021), varias empresas del Estado pasaron a manos de empresarios, al parecer aliados al Gobierno, que nadie conoce, con muy poca transparencia. ¿Ese intento de privatización del Estado en qué quedó?
Es difícil evaluar esa acción porque no hay información, el Estado venezolano no da información sobre estas operaciones que quizás están amparadas en esa Ley Antibloqueo, que permite mantener en la oscuridad esta transferencia de activos hacia los agentes privados, y eso es muy lamentable porque efectivamente este podría constituirse un proceso que le aliviaría mucho la carga al Estado. Qué ha hacen con tener 700 empresas que en su mayoría están improductivas. No es función del Estado producir bienes y servicios privados, su función es generar servicios públicos. En todo caso ahí no sabemos cuál es el número de empresas que han sido transferidas, o cuál es el volumen de los activos que ha sido transferidos hacia el sector privado o si esas empresas han mejorado su desempeño.
¿Cómo evalúa la viabilidad de las mesas de diálogo social entre Gobierno, Empresarios y centrales sindicales? La OIT ha venido tres veces a Venezuela y todavía no se da cumplimiento ni al Convenio 26 relacionado con buscar los mecanismos para definir el salario mínimo, ni el 87, que habla de libertad sindical, ni el 144 sobre la consulta tripartita.
Habrá que esperar por un pronunciamiento de la OIT. Maduro ha sido cuestionado por una Comisión de Encuesta que estuvo en el país, que ha exigido de acuerdo a los convenios ratificados por Venezuela, que se cumplan en particular esos convenios que está violando. El hecho que el salario mínimo no se haya ajustado y que se haya disfrazado con bonos sin incidencia en las prestaciones sociales, contraviene el convenio 26. Seguramente va a generar una respuesta de OIT, si no se genera pues la OIT estaría validando lamentablemente esta salida poco ortodoxa a la que acudió el gobierno de Maduro.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ha dicho que la economía se ha contraído 8.3% en el primer trimestre de 2023. ¿Qué significa una recaída económica?
Esa recuperación que se venía dando era bastante frágil, porque una recuperación para hacerse sólida y sostenida necesita otras palancas, no solamente apoyarse en la dolarización y el incremento del consumo que la dolarización produjo. Sino también tú necesitas un mercado de crédito muy ágil. En Venezuela el mercado de crédito está colapsado con un encaje legal tan alto del 73%. Por otro lado la recuperación ha sido muy sensible al avance de la inflación. En noviembre y diciembre vimos como el mercado cambiario estalló, como el tipo de cambio pasó en pocas semanas de 10 bolívares por dólar a 24 bolívares por dólar. Eso redujo tremendamente la capacidad adquisitiva de la población en unas pocas semanas y eso tuvo un impacto muy fuerte a finales de 2022 y a comienzos de este año.
¿Pero se puede decir que estamos entrando a una recesión?
Con un trimestre contracción es una vista muy parcial y no definitiva de lo que está ocurriendo con el ritmo de actividad económica. Habría que esperar a la lectura del segundo trimestre para saberlo.
Industrias y Comercios registran caídas de sus ventas. ¿Qué se ve en el sector privado?
Creo a nivel del sector privado la visión no es tan pesimista con relación a la decisión del Ejecutivo nacional de no aumentar los salarios, porque la fórmula que se inventó el gobierno para ajustar la remuneraciones favorece al sector privado ya que no van a tener que aumentar salario, sólo se ve sometido a la necesidad de ajustar el bono de alimentación, prestaciones sociales no se ven afectadas, utilidades tampoco. Por el otro lado se espera un aumento de la demanda, sobre todo en ciertos nichos esenciales porque estos bonos se traducen inmediatamente en consumo.