García: Instituciones serán un jarrón chino con el estado comunal

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2020, asoma la posibilidad de aprobar en segunda discusión la Ley de Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal Nacional, tras iniciarse una consulta pública en marzo de este año que, según abogados en derechos constitucional, poco se ha difundido a la población. Advierten que el propósito central de esta nueva normativa legal del gobierno es «restarle el 90 % de las competencias a las alcaldías y gobernaciones del país», iniciando porque los recursos vía situado constitucional serán manejados por las comunas.

«Maduro acaba de anunciar que va a eliminar la figura de los protectores en los estados, una figura tan inconstitucional como la Ley de Ciudades Comunales, y ha dicho que gane quien gane él va a dejar que gobierne. Quiere decir que está reconociendo expresamente que no gobierna quien resulte electo, gobierna quien a él le dé la gana. Entonces si elimina los protectores, seguramente los va a sustituir por las ciudades o el Estado comunal, porque la ley que discuten en el parlamento dice que las atribuciones que tienen asignadas los municipios y los estados pueden ser atribuidas a las comunas, entonces las gobernaciones y alcaldías serían unos jarrones chinos», expresó Joel García, abogado penalista y constitucionalista.

Asegura que esta acción se da ante la posibilidad de que en Venezuela se concreten unas elecciones con alguna transparencia el 21 de noviembre, en la que puedan participar observadores electorales de la Unión Europea y la ONU, y sobre todo donde los políticos de oposición pudieran decidir presentar candidaturas e ir unidos a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.

«Maduro sabe que va a perder algunas gobernaciones de lanzarse la oposición a las elecciones regionales, sabe que van a perder algunos estados, y ¿qué va a pasar con esos gobernadores, con esos alcaldes?, les aprueba en segunda discusión la Ley de las Ciudades Comunales y los vacía de competencia», indicó. Señala que quienes conforman las comunas deben ser representantes de los consejos comunales, ser socialistas, y serán elegidos por las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en una elección a mano alzada, y no directa, universal y secreta. Las comunas son un apéndice del Ministerio de las Comunas y del Poder Ejecutivo.

«Con las ciudades comunales el régimen tendrá el poder hegemónico de todo. No solamente asumirán competencias administrativas de gobernaciones y alcaldías, es que reemplazarán al Poder Judicial a través de la creación del Consejo de Justicia y Paz Comunal Judicial, al Poder Electoral, donde en este momento hay dos rectores de oposición por un Consejo Electoral Comunal Electoral, a la Asamblea Nacional con un Parlamento Comunal Legislativo, al Poder Moral y Ciudadano», resaltó.

Desde 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez comenzó a hablar del poder comunal, el 21 de diciembre de 2010 se creó la Ley Orgánica de la Comunas, en un principio se iban a encargar de ejecutar obras que impulsaran el desarrollo productivo de la nación, pero con el tiempo, según explica el abogado Joel García, su poder se redujo a distribuir las bolsas y cajas CLAP en las comunidades cesadas por el gobierno, y como maquinaria de movilización cuando había elecciones. «En el texto de proyecto de Ley de Ciudades Comunales se establece que hasta los servicios públicos serán transferidos a las comunas», opinó.

Violación a la ley

Nelson Chitty La Roche, miembro de la Cátedra de Derechos Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que la Ley de Ciudades Comunales «desnaturaliza la competencia del Estado constitucional».

«La Constitución establece que Venezuela tiene una división territorial de estados y municipios, estos últimos tienen su origen administrativo desde que se creó la República, con el proceso de independencia. Maduro intenta hacer creer que le va a dar el poder a los ciudadanos de a pie, pero lo que realmente está haciendo es reforzando su poder absoluto, de él y del PSUV», comunicó.

Asegura que algo parecido a lo que intentan aplicar en Venezuela ocurre en Cuba, donde el Partido Comunista es el rector total de los poderes de ese país, tienen una hegemonía constitucional y todas las instituciones están sesgadas ideológicamente.

«No ha habido poder popular en Venezuela, aunque el régimen haga creer que sí, lo que hay es una pantomima de alguien que dice que la decisiones se toman abajo en las bases, y que alguien distribuye los recursos, y esto forma parte del desastre, donde el ciudadano está dejando a un lado su capacidad crítica», apuntó.

Indicó que desde su creación, hace 11 años, a las comunas el Gobierno les asignó una serie de recursos superiores a los «10 mil millones de dólares», esa repartición de dinero fomentó una gran corrupción en el país.

Separación del país

Para Cecilia Sosa, exmagistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, dos proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020, la Ley de Ciudades Comunales y la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, pretenden «parcelar al Estado venezolano».

«La idea que se percibe es que estas dos leyes buscan fracturar territorialmente al país. Por un lado la nación va a tener áreas de régimen económico especial, que serán territorios parecidos a una poligonal como se estableció para la explotación del Arco Minero del Orinoco, y esas poligonales van a tomar unos estados con la promesa de generar una apertura económica neoliberal, con inversión extranjera. Por otro lado, las Ciudades Comunales serán para albergar a todas las personas que no pertenecen o no estén en esa explotación económica, privada y pública en las zonas especiales», argumentó.

Afirma que la comunas van en contra de la propiedad. «En ciudades comunales la propiedad privada no existe, un ejemplo de esto fue lo que vimos con la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde los beneficiarios no recibieron nunca su título de propiedad. La palabra comunal es sinónimo de desolación y pobreza, ocurrió también con la empresa Gas Comunal, que no distribuye el servicio a los ciudadanos», comunicó