Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana iniciaron los enfrentamientos armados entre el Ejército de Venezuela y grupos irregulares colombianos que han dejado al menos 6 mil personas desplazadas y un panorama incierto para los habitantes de zonas fronterizas.
Javier Tarazona, director de FundaRedes, ONG que ha documentado y denunciado la situación en Apure, asegura que la presencia militar no sólo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
«Sin duda alguna la gente tiene miedo y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como las FAES, que se encargaron no sólo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades de extorsión», subrayó.
Además, durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos, Tarazona advirtió que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
«Lo que hoy es controlado por Guyana, ese territorio Esequibo, tiene un objetivo y es el Ejercito de Liberación tomarlo a la fuerza. Ya están en Delta Amacuro, ya están en el oriente del país, digamos que su desplazamiento pudiera llegar a esa concreción y nosotros vemos que el escenario del conflicto de Apure pudiera extenderse a otras regiones donde hay presencia de la guerrilla del bloque de Gentil Duarte», dijo.
De acuerdo a Tarazona, representantes del Frente Bolivariano de Liberación, representantes de las FARC y representantes del gobierno de Maduro «participaron de una reunión exploratoria de cese al fuego de la situación de conflicto en Apure».
«Se ha planteado el cese al fuego, la convivencia y la facilitación de espacios para el desarrollo de operaciones ligadas al narcotráfico, pero sin duda alguna hasta el momento pareciera no existir acuerdo definitivo y nosotros lo que aspiramos no es que haya acuerdos con terroristas, sino que haya una posición firme contra todos los grupos irregulares», manifestó.
El defensor de derechos humanos insiste en que la situación registrada en Apure es consecuencia de una pugna entre el bloque de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jesús Santrich e Iván Márquez, y el bloque del líder de las disidencias de las FARC, Gentil Duarte, quienes «se disputan toda la actividad de narcotráfico que se desarrolla en territorio venezolano».
«El esquema de operaciones de la guerrilla del ELN y las FARC se ha convertido en una presencia mucho más operativa de actividades clandestinas vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con la extracción de oro, coltán y diamantes», añadió.
Tarazona insistió en que los grupos irregulares «colocan minas antipersonales para proteger sus pistas clandestinas, para proteger laboratorios de procesamiento de drogas, para proteger cargamentos de drogas que salen desde pistas clandestinas que construyen en varios estados del país, no solamente en el estado Apure».
La semana pasada, el canciller Jorge Arreaza anunció que inició trabajos de coordinación con instancias de la ONU «con experticia en desactivación de minas antipersonales» para desactivar los artefactos que grupos irregulares han instalado en territorio venezolano.