Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El Ministerio Público (MP) solicitó este lunes privativa de libertad en contra de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, «por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo», así lo informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
La activista por los derechos humanos fue detenida el pasado el viernes 9 de febrero en el aeropuerto Simón Bolívar. El primer reporte de la Fiscalía vinculó a San Miguel con la operación «Brazalete Blanco», una de las cinco conspiraciones de magnicidio denunciadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Por mencionada trama se encuentran implicadas seis personas, incluida la activista, acotó el fiscal en la red social X (antes Twitter).
«En desarrollo audiencia de presentación de seis ciudadanos: quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco», expone Saab.
Para otro de los presuntos implicados, Alejandro José González de Canales Plaza, el MP también solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad «por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación».
«En el marco de dichas investigaciones en marcha, el MP solicitará en relación a los cuatro ciudadanos restantes (los cuales no han sido identificados) medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa», agrega el fiscal en su publicación.
Durante la jornada de este lunes, el equipo de abogados de Rocío San Miguel, calificó el hecho de «desaparición forzosa», al desconocer su paradero, al igual sobre cinco familiares y allegados a la activista.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y recordó que la activista es beneficiaria de medidas cautelares del organismo.
En su cuenta en X, la CIDH instó al Estado venezolano «a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia». Más de 200 ONG también se pronunciaron para exigir su liberación.
