Jennifer Orozco | LA PRENSA.- Después de cinco meses de controversia, el juez de control número 8 emite una orden de captura contra la fiscal cuarta del estado Lara, Yaritza Marina Berríos Batista (35) y se cumple una orden de aprehensión, dictada por el Juez de Control número 6 contra cuatro funcionarios del Comando Antisecuestro y Extorsión en Lara, además de dos civiles. Esto debido a una presunta extorsión cometida en conjunto el 14 de abril en Sanare.
El jueves santo de este año, Nelson José Mosleh Zebian, comerciante de ascendencia siria, decidió abrir su negocio, una venta de repuestos automotrices. Allí, a mediodía llegaron cuatro funcionarios del Conas en supuesto procedimiento y dos civiles, quienes alegaron que eran los denunciantes pues, supuestamente, Mosleh estaba desviando y acaparando productos de los CLAP.
Los cuatro militares y los aparentes denunciantes sacaron del negocio 2 millones de bolívares en efectivo; 10 bultos de papel higiénico, 10 bultos de azúcar blanca refinada y pañales desechables. El comerciante alegó que eso lo compraba él a precios por encima de los regulado para su familia y que tenía facturas. Pero los funcionarios montaron eso en un Corsa y una camioneta Jeep Cherokee que cargaban.
El comerciante en ese momento declaró que él “le ofreció a los funcionarios un millón de bolívares para que lo dejaran tranquilo, después un millón y medio; pero después, uno de ellos me preguntó que cuánto creía yo valía mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Que calculara el precio y les pagara”, denunció ese día.
Al salir del local, una comisión de la Policía del estado Lara frenó el decomiso de la mercancía pues, según ellos, la actuación militar no era la adecuada.
Los policías retuvieron la mercancía y a los funcionarios del Conas. Los pobladores de Sanare formaron alboroto en defensa del comerciante y aunque los militares decían que iban a realizar la venta controlada de la mercancía, los habitantes no bajaban los ánimos.
Luego de un rato, tanto los funcionarios como los vehículos y la mercancía fueron liberados, pues los del Conas llamaron a la fiscal Berríos, quien aseguró vía telefónica que ella había autorizado el procedimiento y que la fiscalía tenía conocimiento.
Al día siguiente, los funcionarios del Conas desmintieron la supuesta detención que les hiciera Polilara y también replicaron que la mercancía había sido decomisada en un procedimiento regular, donde la Fiscalía Cuarta haría la investigación correspondiente.
Según información de tribunales, luego de la investigación se habría determinado que Berríos facilitó la liberación de los funcionarios que habían, presuntamente, extorsionado al comerciante y que además lo habían privado a él y a su esposa de su libertad de manera ilegítima.
Para Berríos se emitió una orden de aprehensión el lunes 25 de septiembre, donde especifica que, presuntamente, cometió los delitos de presunto encubrimiento en los tipos penales de extorsión agravada, privación ilegítima de la libertad, uso indebido de armas orgánicas, que es coautora de asociación, de abuso a la autoridad y autora de tráfico de influencias.
Luego de esa orden de aprehensión, aparentemente la fiscal huyó de Barquisimeto, por lo que se le emite por el mismo juzgado una orden de captura a nivel nacional. Para los funcionarios y los dos civiles la historia es diferente, pues lograron ser aprehendidos luego de que el lunes se les emitiera la orden de captura por el juzgado de control número 6.
Los presuntos implicados son el teniente Américo José Torres Colina (33), sargento segundo Wilkerman Noel Pérez, sargento primero Pablo Materano Rojas, sargento primero Eduard Kevin Goyo y los civiles René Alexander Giménez Arrieche (32) y Maickell Antonny Riera Bello. A estos se les imputa extorsión agravada, privación ilegítima de la libertad, uso indebido de armas orgánicas, abuso de autoridad y asociación para delinquir.
Según una fuente policial, los seis detenidos están en la sede del Conas Lara esperando su audiencia preliminar en tribunales.