Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Más allá de una posibilidad de volver, se trata de hacerlo con compromiso. Es la exigencia de especialistas en derechos humanos, ante la necesidad de que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), pero para eso hace falta un Estado democrático y que la población recupere las garantías de la justicia efectiva.
Es una preocupación que recientemente planteó Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordando la salida de Venezuela de la SIDH en 2013, pero que las puertas siguen abiertas para retornar, pero teniendo las condiciones democráticas. «No hay avances ni en el funcionamiento democrático ni en la protección de los derechos humanos«, citó la necesidad de separación de poderes mientras se atraviesa por la crisis migratoria de mayor impacto.
Según Alí Daniels, director de la organización «Acceso a la justicia», se tienen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se han cumplido. «No es volver, por volver. Es el compromiso serio de cumplir con los mandatos y recomendaciones«. Aclara que es cuestión de disposición y responsabilidad, porque ni siquiera hace falta que Venezuela forme parte de la OEA.
Recalca que la decisión del Gobierno sólo implicaba renunciar a los derechos y a un sistema de justicia efectiva. «Pero los venezolanos deben seguir insistiendo y recurrir a la Corte Interamericana para pedir más vigilancia«, señala que deben privar los derechos y abolir las violaciones en el sistema judicial.
«Un gobierno que impide nuestros derechos no puede ser democrático«, precisa y recuerda que a las víctimas de El Caracazo aún el Estado no les ha resarcido los daños.
Para Nelson Fréitez, defensor de derechos humanos, tampoco existen las condiciones, al considerar la falta de garantías en derechos políticos, sociales, económicos y civiles. De hecho, precisa que en tres oportunidades ha venido Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), en seguimiento a las denuncias por delitos de lesa humanidad. Además de la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante las reiterativas violaciones de los derechos laborales.
«Mientras continúen las violaciones a los derechos de la población, seguirán bajo investigaciones y cuestionados«, precisa Fréitez ante políticas que siguen generando impunidad y hasta en sospecha de complicidad. Lamenta el retiro que provino de un gobierno de corte militar y que se ha extendido a la actualidad.
Se trata de un escenario que debería responder a la necesidad de justicia y reconocer los daños a las víctimas.