Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Hasta este 02 de abril, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, había informado la detención de 44 personas vinculadas en la trama de corrupción de Pdvsa, por la que renunció al cargo de ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Desde el 20 de marzo, cuando la noticia comenzó a circular como pólvora por los medios de comunicación social, fuentes oficiales manejaban la cifra de 3.000 millones de dólares robados, pero agencias internacionales de noticias como Reuters, calculan un desfalco superior a los 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar de la estatal petrolera, a través de pagos por criptoactivos.
Al menos 11 «empresarios» están vinculados en el caso, ligados a empresas de construcción, minería y compañías de servicios que trabajan para Pdvsa. Para gremios económicos del país, la noticia de la gran trama de corrupción que hay sobre la estatal petrolera es un duro golpe para la imagen de Venezuela y hace que retrocedan los esfuerzos que han venido haciendo para que mercados internacionales vuelvan a ver en el país un potencial para invertir y producir.
«Lo que nos preocupa de lo que está ocurriendo es que de alguna manera eso afecta a algunos estados más que a otros, por ejemplo, según las informaciones más recientes perjudica al estado Bolívar porque fueron detenidos el presidente y vicepresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de la Siderúrgica del Orinoco. Eso genera una imagen negativa hacia afuera. ¿Qué van a decir los inversionistas extranjeros?, un país que está tratando de promoverse en el exterior y surge la denuncia de corrupción en su principal industria como es Pdvsa, es darse cuenta que no hay transparencia. Sencillamente no da confianza para invertir. Nosotros como gremios económicos estamos haciendo esfuerzos para vender a Venezuela como un país destino de inversión y cuando salen estos problemas, pues eso nos hace retroceder», declaró a LA PRENSA, Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio.
Enfatizó que aunque el titular del Ministerio Público se ha empeñado en llamar empresarios a los involucrados en la trama de corrupción de Pdvsa, estos no tienen nada que ver con propietarios que han trabajado por años forjando su patrimonio con honradez.
«Me parece importante aclarar que, según la Real Academia Española (RAE), la definición de empresario hay que verla con un poquito más de cuidado. A mí me gusta ver más a los empresarios como la persona que arriesga su patrimonio, un patrimonio que hizo, que es de su propiedad, que lo arriesga en un negocio. El empresario es aquel que asume riesgos, no es aquel que utiliza un dinero para explotar un negocio. Cuando hablamos de empresarios, hablamos de arriesgarse con el patrimonio propio, con dinero que yo mismo construí», manifestó.
Para Pablo Chirinos, presidente de Fedecámaras Lara, no cualquiera que venda o importe mercancía en Venezuela se puede llamar empresario. «Empresario es el que está al frente de su negocio y que lucha cada día por cuidar esa inversión, por contribuir con el país y sacarlo adelante«. Destacó como factor importante que los empresarios formales en Venezuela todos se conocen y están inscritos en las distintas cámaras económicas, gozan de prestigio, y es público la procedencia de sus empresas. Cosa contraria ocurre con los detenidos por el desfalco en Pdvsa, no son conocidos y están asociados a contratos directos con el Gobierno.
«Los que nombra la Fiscalía General son pseudoempresarios que han aparecido en los últimos años en Venezuela, pero que nadie conoce. En el caso de los empresarios serios todo el gremio se conoce. En las zonas industriales de Barquisimeto todos nos conocemos y pasamos las mismas deficiencias que tiene el país, nos afectan los servicios públicos, nos afectan la falta de financiamiento, algunos tomaron previsiones hace muchos años y tenían algún capital fuera del país y lo ha repatriado, lo han traído con riesgo en una economía que se redujo un 70%», recalcó Chirinos.
Son testaferros
Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público y especialista en crimen organizado transnacional, indicó que los detenidos por el desfalco en Pdvsa no pueden ser llamados empresarios. «Son testaferros porque detrás de esas fortunas lo que hay realmente es unos mecanismos para esconder capitales, y eso se puede hacer en Venezuela porque es un país que no respeta ninguna de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), para luchar contra el lavado de activos», explicó.
Alega que desde que comenzaron las sanciones con Estados Unidos, en 2018, el gobierno de Nicolás Maduro ha creado un andamiaje legal como la Ley Antibloqueo, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) o las Zonas Económicas Especiales (ZOE), para que puedan venir inversionistas corruptos al país sin que sea verificado el origen de sus dineros.
«A través de la legislación que han venido creando, cualquiera puede montar el negocio que le da la gana en Venezuela porque ya no hay mecanismos de control rigurosos para verificar de dónde proviene el dinero. Y sirve como un mecanismo para legitimar capitales. El problema que tiene el Gobierno es que no tiene una banca sólida en dólares, y no puede sacar ese dinero al exterior y colocarlos en una banca sólida o segura. Por eso inventaron la Sunacrip, que con una transacción desde un teléfono celular se puede mover millones de dólares y nadie sabe a dónde van a parar. Por eso es que Maduro jamás va a recuperar esta plata robada, no la pueden recuperar porque él mismo les dio las herramientas para promover la corrupción. Él permitió que el ingreso de dinero público pudiera ser cobrado en criptoactivos», exclamó.
Corrupción involucra al Estado
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que la corrupción en Venezuela es estructural, está presente en todas las instituciones e instancias de poder.
«En el país existen incentivos institucionales para que ocurra la corrupción como, por ejemplo, que en Venezuela no se publica desde hace más de cinco años la Ley de Presupuesto, que además es una ley, todas las leyes deben ser públicas. Ya a partir de ahí uno ve cómo no existe ningún interés en dar cuentas en un país donde no se sabe cuánto es el dinero que maneja el Estado. Cómo se puede investigar, cómo se puede hacer contraloría social, si ni siquiera tenemos idea de cuánto es el presupuesto nacional ni el de las gobernaciones ni alcaldías», puntualizó.
Daniels indicó que según la Ley Contra la Corrupción en Venezuela, la pena máxima para este delito es de apenas 10 años. A su juicio, no se combate como si fuera uno de los delitos más graves del país.
«Si una persona se roba 100 millones de dólares o 3.000 millones de dólares que le pertenecen a la nación, la pena máxima es de 10 años. Entonces es una hipocresía del Estado que combate la corrupción, cuando la propia Ley Contra la Corrupción, promulgan una pena de apenas 10 años. Para que tengamos una referencia, la mayoría de los muchachos que fueron detenidos e imputados durante las manifestaciones políticas de 2017 en Venezuela, se les imputó un delito que no era imputable, pero era el que se les imputó, ataque al centinela, ese delito tiene una pena de 14 a 20 años. Entonces ahí uno se da cuenta que en Venezuela es mejor robar que protestar», mencionó el jurista.
Según Transparencia Internacional, Venezuela se ubicó por sexto año consecutivo como el país con el índice de percepción de la corrupción más alto.
Desconfían de investigaciones
«Yo lo que creo es que todo esto es un nuevo show del régimen, quienes han demostrado en todas sus actuaciones no solo que son permisivos con la corrupción, sino que promueven y fomentan la corrupción como un mecanismo de lealtad y de solidaridad con quienes hoy nos desgobiernan, mal pueden convertirse en luchadores contra la corrupción», así lo considera Alfonso Marquina, dirigente nacional de Primero Justicia.
Considera que el Gobierno venezolano no está investigando a todos los responsables de la trama de corrupción en Pdvsa, como Tareck El Aissami, o el expresidente de PDVSA, Argenis Chávez.
Tratan de desviar la atención en caso
Alí Daniel, de Acceso a la Justicia, apuntó que en las últimas semanas los medios de comunicación del país han publicado más información relacionada con las denominadas «Muñecas del Petróleo», misses y modelos que asocian con funcionarios detenidos por corrupción en Pdvsa, que de las investigaciones y medidas del Estado para combatir la corrupción.
Contraloría ha guardado silencio
El abogado Alí Daniels, sostiene que si el desfalco en PDVSA, comenzó a registrarse desde 2020, como denunció en medios de comunicación el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, la Contraloría General del país tenía que alertarlo a tiempo y dar a conocer las investigaciones del caso.
«Lamentablemente la Contraloría General de la República, está más pendiente de inhabilitar candidatos presidenciales que de cumplir con su papel», dijo.