Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Para Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, la aplicación de 53 multas que el pasado 11 de agosto impuso la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra seis universidades y representantes jurídicos de la UCV, ULA, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente, UPEL y Unexpo, más 20 jubilados y pensionados del Ministerio Público (MP) por solicitar la nulidad del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), se trata de una medida represiva que sólo busca evitar que la sociedad civil proteste contra el Poder Ejecutivo.
«Ahora cualquiera que quiera interponer un recurso contra el Gobierno, sobre todo que sea algo muy mediático, va a tener miedo, tanto abogados como demandantes porque el TSJ les llama la atención y les aplica multas de 50 dólares a cada uno por reclamar sus derechos«, exclamó.
La primera sentencia es la número 444, relacionada con los jubilados del MP. Fue declarada «inadmisible» por el máximo tribunal porque no presentaron el instructivo Onapre en la denuncia. Allí los demandantes indicaban que este instructivo provoca una reducción significativa de los ingresos integrales de millones de funcionarios públicos, al modificar porcentajes de las primas y bonificaciones salariales establecidas en una Convención Colectiva.
«La Ley Orgánica del TSJ establece que si hay un abuso o exceso en la interposición de los recursos, cada Sala tiene la posibilidad de imponer multas. Pero el tema es que en esta ocasión no hay ningún abuso, porque un abuso es que, por ejemplo, yo le falte el respeto a un magistrado o que interponga recursos sin fundamentos para retrasar la decisión de un tribunal y ganar tiempo. En el caso de los jubilados, el TSJ dijo es abusivo porque al no cumplir con todos los requisitos de la demanda estaban haciendo una utilización abusiva del servicio de justicia y por eso fueron multados. Pero el tema es que aquí no hay mala fe. A cualquier abogado se le puede pasar acompañar la denuncia con la copia del acto impugnado», comentó.
Se refirió también a la segunda sentencia que impone multas a las universidades dadas a conocer el sábado 3 de septiembre. El 14 de julio, el TSJ admitió la demanda de nulidad presentada por la ULA y la UCV. Estas universidades sí agregaron a la denuncia copia del instructivo Onapre, e indicaron que les llegó vía Telegram y por correo electrónico este instructivo y que tenían que aplicarlo. Si la Sala Político Administrativa admitió un recursos en julio, quiere decir que se cumplieron con todos los requisitos legales porque fue admitido. Equiparar esa situación con la que pasó el 11 de agosto con los jubilados es irregular», resaltó el jurista.
El pasado 28 de agosto, el TSJ declaró «inexistente» este instructivo Onapre, pero esto no ha frenado las protestas de miles de trabajadores públicos, que alegan que el Gobierno sigue violando la Convención Colectiva, un derecho adquirido por años de lucha y los derechos adquiridos son irrenunciables e irrevocables. El artículo 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia Constitución de Venezuela establecen que la relación laboral tiene que estar acordada entre el patrono, el Estado y los trabajadores.
«El TSJ dice que el instructivo no existe, pero el Gobierno lo aplica por vía de hecho. Al final, lo que importa es que ha habido una imposición unilateral de las escalas salariales y de los cálculos y beneficios por parte del Estado venezolano, pero eso que es el fondo del asunto ahora queda para la Sala Política relegado por la supuesta inexistencia del instructivo«, comunicó Daniels.
La sentencia impone multa «a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto, por 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor». Si es en dólares, la Tesorería Nacional va a recibir 2.650 dólares en multas.
TSJ desata ola de dudas y confusión
Según informó la rectora de la Unexpo, Rita Áñez, hasta la presente fecha las seis universidades sancionadas por el TSJ no habían sido notificadas formalmente para saber el alcance de la sentencia.
«No hemos recibido ninguna notificación, el TSJ se encuentra en período de vacaciones judiciales, la Sala Político Administrativa vuelve a tener despacho el 19 de septiembre y ese día asistiremos con los abogados a conocer el alcance de esa sentencia que se considera inadmisible», resaltó.
Sostiene que aunque el TSJ diga que es inexistente el instructivo Onapre, el salario de la comunidad universitaria lo está pagando aplicando este instructivo. «El ministerio pagó los salarios con el instructivo inexistente, entonces es una decisión absurda del máximo tribunal. Es un juego perverso, lamentablemente lo que genera es más tristeza, desconcierto, desmotivación y nosotros por supuesto tenemos una alta responsabilidad, porque como rectores no actuamos a título personal como ciudadanos, en mi caso actuamos por mandato del Consejo Universitario», dijo.
En el caso de la UCV, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, dijo que esperan que en reunión del Consejo Universitario se decida no cancelar estas multas como medida de protestas. «Soy de la opinión que las universidades no deben pagar nada y que se declare en rebeldía, que se haga un referendo para que la comunidad universitaria vote o que se recojan firmas, si el TSJ nos quiere meter presos que nos meta presos a todos, a más de 5000 personas«, alegó.
Por su parte, Édgar Silva, coordinador del Comité de DD. HH. de Jubilados y Pensionados, catalogó la sentencia a jubilados del Ministerio Público de arbitraria, sobre todo cuando un jubilado en este país gana cuando mucho dos salarios mínimos, es decir, muy por debajo de los 50 dólares que deben pagar.