Agencias | LA PRENSA de Lara.- En los calabozos hay mujeres que por obligación tienen relaciones sexuales con el pran a cambio de su seguridad. O con custodios y funcionarios, bajo el soborno de ser trasladadas a juicio o a un sitio con más comodidades. Luego quedan embarazadas en prisión.
En los nueve meses de gestación no las llevan a hospitales para que les realicen ecografías o los controles médicos propios de esta etapa, lo cual pone en riesgo la salud de madre e hijo. Tampoco toman medicamentos o vitaminas, pues no se las suministran a menos de que se los lleven sus familiares.
Magaly Huggins, coordinadora de Una Ventana a la Libertad, explicó que a las mujeres detenidas les violan los derechos humanos, igual que a las mujeres que son familiares, quienes sufren atropellos y deben conseguir dinero que no tienen para pagar «vacunas» a cambio de que les llegue la comida, bebida o medicinas al recluso.
Hay casos de abuso sexual o casos donde las mujeres ceden a sobornos para recibir beneficios. Es una estrategia de sobrevivencia, así como por limpiarles la celda les garantizan seguridad. «Las relaciones sexuales formales están prohibidas dentro de los centros de detención preventiva, por ello todo embarazo es por un acto que está fuera de la ley».
Una Ventana a la Libertad documentó en el primer semestre de 2019 que hay 1369 mujeres presas en 203 centros de detención preventiva, solo en 15 de los 24 estados del país.
Los estados que se tomaron en cuenta para la investigación fueron Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira.
La mayor población se reúne en Zulia con 575 (43 %) presas y le sigue el Distrito Capital, Miranda y Vargas con 289 (23 %). Estas cifras pueden ser mayores porque no se recoge por completo el territorio nacional.
Los calabozos policiales fueron diseñados para albergar a detenidos por un lapso de 48 horas. Sin embargo, la ONG documentó que alojan a procesados y sentenciados, algunos con cinco y hasta siete años.
Solo entre enero y marzo en el estado Zulia, detuvieron a 28 mujeres durante las protestas por los servicios públicos y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Una de ellas estaba en período de lactancia.
«Hay niños que se llevan las abuelas o las tías luego de que las presas dan a luz. Pero no todas las familias tienen condiciones. En otros casos llevan a los niños para que las mujeres amamanten o se sacan la leche y se la llevan al bebé», agregó Huggins.
El informe semestral de Una Ventana a la Libertad documentó que cinco mujeres abortaron, en el oriente del país, luego de ser detenidas en enero.
Estas detenidas no recibieron atención médica después del aborto, ya que no hay en los calabozos. En 73 % de los centros de detención preventiva no disponen de condiciones adecuadas de aseo ni agua para tomar.
La emergencia humanitaria compleja que se vive en el país agravó las condiciones de salud, en seis meses, de acuerdo con el informe. Solo cinco calabozos en Distrito Capital reportaron que tienen ambulancias para traslado de enfermos y cinco cuentan con personal médico.
La ONG hizo un llamado a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, para que respete los derechos humanos de los privados de libertad en calabozos y les garantice los cupos en una cárcel al cumplir el tiempo de detención de ley.