Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA – «Venezuela está sometida al crimen organizado y a la letalidad que ejerce el Estado contra su población», así lo indicó Roberto Briceño León, doctor en ciencias sociales y director fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, en referencia a los enfrentamientos que se registraron el pasado viernes 19 de marzo en la Cota 905 por las megabandas criminales del Coqui, el Garbis y el Vampi, que empeñados en ampliar su dominio en varias zonas populares de Caracas, dejaron como saldo fatal la ejecución de cuatro de sus integrantes y al menos la muerte de una mujer que recibió una bala perdida en el estómago, y a lo cual se suma el bombardeo que desde el domingo 21 de marzo se registra en Apure, límite con el Río Arauca, frontera con Colombia, tras enfrentamientos entre militares venezolanos contra disidentes de las FARC.
¿Qué tipo de violencia ahora domina Venezuela?
En Venezuela lo que ha pasado es que la violencia del pandillero de la esquina se disolvió y se transformó en una violencia de los grupos criminales organizados, que empiezan a tener un control inmediato y directo sobre el territorio. El delito depredador, el que aplica la pandilla de la esquina, que iba a la carnicería y le decía al carnero deme lo que tiene en la caja que está robado, eso disminuyó notablemente y fue sustituido por una banda que va donde el carnicero y le dice: no te vamos a robar, simplemente páganos todas las semanas o todos los meses para que no te robemos o para que no te robe nadie.
¿Qué tanto poder llegan a tener estas organizaciones delincuenciales sobre el gobierno?
Algunas de estas organizaciones tienen acceso a los más altos niveles del gobierno. Hemos visto en el pasado cómo los jefes guerrilleros llegaban y se reunían en el Palacio de Miraflores, pero a nivel de otros grupos criminales las relaciones pueden estar establecidas con las gobernaciones, con las alcaldías o con las policías del Estado. En algunos casos las relaciones se establecen con funcionarios policiales que actúan fuera de las órdenes de sus superiores y simplemente establecen una convivencia, un reparto de botines conjuntos.
¿Qué resultados han dejado las zonas de paz en el país?
Una mayor capacidad de fuego y de poder de estos grupos organizados. Les permitió un desarrollo organizacional y una capacidad militar de fuego importante. Aumentaron su fuerza, sus ingresos y eso les permitió tener un arsenal de armamento. Es decir, las zonas de paz en algunos lugares uno puede pensar que han disminuido los homicidios en particular, pero eso no quiere decir que se haya disminuido el delito o el crimen, o que se esté más seguro, a veces pueden garantizar una cierta tranquilidad, «paz», pero dominada no por la ley sino por bandas criminales.
¿Qué zonas del país están sometidas a estas megabandas criminales?
Es difícil decir qué zonas del país no están sometidas por el crimen. Claro, la intensidad no es la misma. La presencial de esos grupos y su control no es igual en Aragua, que en el sur de Bolívar. En Sucre, que en la Costa Occidental del Lago de Maracaibo.
¿En Venezuela hay una repartición del poder como una manera desesperada que aplica el gobierno para sostenerse?
¡La refeudalización!, si uno observa lo que ha ocurrido en el Arco Minero, claramente eso pasa. La incapacidad de actuación del Estado, le está delegando a distintos grupos los controles territoriales y lo que está buscando es una manera de negociar con esos grupos un cierto modus vivendi, para por un lado generar cierto control pero por otro lado aprovechar y hacerse parte de la renta. Es decir, la caída de ingresos petroleros han llevado a la economía venezolana a moverse hacia un extractivismo brutal, destructivo como es lo que ocurre en la zona del Arco Minero, en la que se destruye el Amazonas con el propósito de conseguir minerales. También se permite que el país sea el tránsito de droga y que algo de eso quede como dinero en el país.
¿Qué tan vulnerable está la población ante esta política de Estado que permite la expansión de grupos armados?
La principal víctima de la violencia criminal y estatal es la población. Son las personas indefensas las que quedan en medio de la balacera, pero que aún en momentos de no contienda son también víctimas porque son expoliados o por los grupos criminales o por los cuerpos policiales o por los funcionarios militares, es decir quedan indefensos porque se pierde la ley.
¿En qué se ha convertido la Fuerza Armada Nacional?
En una institución fragilizada. La Fuerza Armada Nacional (FAN) es una institución obediente, por lo tanto las cosas que hace la FANB hay que entenderlas en el contexto de obediencia, algunos serán conscientes pero muchos otros sencillamente son obedientes. Uno observa que la FAN ha invertido mucho en el control de las protestas, pero poco en la defensa de los venezolanos. Aquí se acabó la protección ciudadana, del territorio, de la vigilancia de las fronteras y el resguardo de las vías.
El 2020 fue el año donde se registraron más ejecuciones extrajudiciales que homicidios. ¿Qué consecuencias provoca esta política de exterminio en Venezuela?
Más allá de la triste y lamentable pérdidas de vidas humanas que hay en el país, queda una imagen muy terrible de la policía en la sociedad. Al colocar a los cuerpos policiales en esta función lo que se está logrando es una destrucción de la imagen de la policía en medio de la población que cada vez más en lugar de verla como un aliado en la lucha con la ley, por combatir el delito, la percibe como un enemigo que no solamente la roba, sino que además la puede matar.
¿Hoy todos los cuerpos policiales del país están sometidos a un adoctrinamiento ideológico?
Sin lugar a dudas, el único que quizás logra salirse un poco es quizás el CICPC, porque es un cuerpo que tiene mucha tradición, mantiene muchos funcionarios de carrera.