Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- En Venezuela se está recrudeciendo la violencia por el incremento de la persecución y las detenciones aplicadas contra dirigentes opositores y defensores de derechos humanos, desde que inició julio. Abogados penalistas alertan que el Gobierno y el sistema de justicia venezolano han recurrido de nuevo a tácticas arbitrarias como el método «puerta giratoria», que es liberar a un determinado número de detenidos como acto de «buena voluntad», pero al mismo tiempo encarcelar al doble de personas por disentir con el Poder Ejecutivo. Estas acciones se dan en medio de un intento de negociación internacional y con la presencia de una comisión técnica de la Unión Europea en Venezuela.
Según el abogado Joel García, el Gobierno está utilizando la Reforma del Sistema Judicial, aplicando liberaciones en los centros de reclusión para descongestionarlos, con la intención de hacer creer a la opinión pública y a la comunidad internacional que está otorgando libertades a presos políticos, pero la realidad es que quienes son procesados por el delito de terrorismo no están siendo tomados en cuenta por la Comisión Especial que preside la Asamblea Nacional dominada por el PSUV, que evalúa las liberaciones.
«El régimen está liberando, pero a presos comunes que tienen retardo procesal. Presos que no les queda otra que admitir los hechos porque tienen cinco o seis años sin un juicio, cuando la ley dice que pasados dos años sin que se le haya celebrado juicio, se cae la medida y debería salir en libertad. Están saliendo delincuentes a la calle porque un delincuente no tumba gobierno, y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en la Cota 905, en El Cementerio en Caracas, donde mataron a un montón de gente, pero seguramente la mayoría era inocente y no miembros de la banda. Donde los cabecillas, el «Koki», «Garbis» y el «Vampi» están en libertad, pero está preso Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional (2015), a quien responsabilizan de estos hechos armados junto al entorno político más cercano de Juan Guaidó», exclamó.
Para la abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) Martha Tineo, esta nueva ola de violencia y detenciones consideradas arbitrarias buscan generar miedo en la población para desmovilizar a políticos y activistas de DD. HH., quienes documentan, revelan y denuncian los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el país sistemáticamente desde 2014.
«El sistema de justicia opera a favor de la persecución violentando todas las normas constitucionales, legales en Venezuela», indicó.
Más hostigamiento
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), contabiliza un total de 326 presos políticos en Venezuela hasta el viernes 16 de julio, de esa cantidad más del 50% son militares. El grueso se encuentra recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, donde hay un total de 118 presos políticos seguidos de la cárcel El Helicoide, donde hay 37, y la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde hay 37 detenidos políticos, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas, donde hay 26 personas. El resto está distribuido entre otros centros penitenciarios del país y calabozos del Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana.
«Las personas que denuncien, que se vuelvan más visibles o que las denuncias se vuelvan más incómodas al Gobierno, pues los ciudadanos están en riesgo. Así van debilitando esas voces disidentes porque la mayoría de las personas que han sido presas políticas, cuando salen quedan con medidas restrictivas de la libertad, no pueden expresarse ni siquiera por plataformas digitales, además de los traumas y el miedo al que son sometidos. De esa manera, buscan debilitar el cuerpo social que en algún momento había levantado su voz en el país», expresó Martha Tineo, coordinadora de JEP.
El abogado Joel García, quien además es defensor de Roland Carreño, periodista y coordinador político del partido Voluntad Popular, quien lleva 264 días preso y acusado por el Ministerio Público de financiar a grupos terroristas, explicó que justamente desde 2011 cuando fue creada la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el sistema de justicia y el Ejecutivo nacional recurren a esta normativa legal para encarcelar a la dirigencia o la ciudadanía que respalde un cambio político.
«Esta es una ley totalmente abstracta donde cualquier cosa puede ser terrorismo. Cuando a un dirigente político le imputan el delito de terrorismo dicen que es por atentar contra la República de Venezuela, pero no definen cuál es el acto terrorista. En el caso de Ronald Carreño, lo acusan de financiar el terrorismo, pero la acusación no define a quién financia, si es a la guerrilla colombiana FARC, ELN, al Hezbollah, a los colectivos. Y eso es algo que genera mucha indefensión, porque cuando un fiscal acusa a una persona tiene que decirle cuándo cometió el hecho, por qué, tiene que dibujar perfectamente la circunstancia de cómo ocurrió el hecho. De no ser así, esa acusación no cuenta con lo que exige el Código Orgánico Procesal Penal, y un juez independiente, autónomo, debería declarar sin lugar esas excepciones de la defensa, debería sobreseer la causa, dejarlo en libertad, pero en Venezuela eso no ocurre», sentenció.
Aplican tortura psicológica
La abogada Martha Tineo, comunicó otra práctica recurrente que viola los derechos humanos. Y es que a los familiares de los presos políticos también los detienen o les allanan su residencia sin orden judicial, refiriéndose al caso de la madre del defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, de la ONG tachirense FundaRedes.
Teresa Sánchez, madre de Tarazona, fue visitada por funcionarios armados el 15 de julio en la noche, y fue sacada a la sede del Sebin de San Cristóbal para que rindiera declaraciones, manteniéndola en el lugar por varias horas. «La responsabilidad penal es personal, entonces en el peor de los casos a una persona se le está señalando por cometer algún tipo de delitos, pues la acción penal tiene que estar dirigida a esa persona, de lo contrario es una medida arbitraria. Es violatorio de los DD. HH., del debido proceso y del derecho a la defensa. Esta es una manera de torturar psicológicamente y de hostigar al detenido», explicó Tineo.
Lo mismo ocurrió con el jefe del despacho del presidente interino, Luis Somaza, cuando el Ministerio Público emitió orden de captura en su contra, vinculándolo con financiar a bandas armadas en Caracas. El 14 de julio fueron hostigados sus padres en su residencia en la Trinidad, por funcionarios de seguridad armados que lo buscaban.
Buscan aniquilación
La diputada de la AN, Adriana Pichardo, informó que además de la detención de Freddy Guevara, uno de los dirigentes principales de Voluntad Popular (VP), el Ministerio Público ha emitido orden de captura contra Javier González, coordinador político de Caracas; Emilio Graterol, coordinador político a nivel nacional de VP; Hasler Iglesias, coordinador de juventudes; Gilber Caro, diputado de la AN que ya ha estado en tres ocasiones tras las rejas y Luis Somaza, director del despacho de la presidencia interina.
Actualmente, VP tiene cuatro miembros privados de libertad, además de Freddy Guevara está el periodista Ronald Carreño; Gilberto Sojo, diputado AN y Yovanny Salazar, exalcalde del municipio Chaguaramas, estado Guárico. Además hay más de 500 activistas de la tolda naranja con procedimientos abiertos en todo el país, y más de 100 dirigentes han estado presos momentáneamente.
«VP es el partido más perseguido por el régimen en los últimos 10 años, y en este momento pretenden aniquilar al partido que fundó Juan Guaidó», exclamó Pichardo.