LA PRENSA DE LARA | Agencias.- Dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fueron imputados por tortura y homicidio por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en junio de 2019 luego de que se desplomó ante un juez cuando lo presentaban acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de conspiración.
El 6 de octubre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia, había ordenado la reposición del proceso judicial en contra de Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto. De este modo el máximo tribunal del país anuló la acusación en contra de los militares que hizo el Ministerio Público; además de suspender todos los actos procesales.
En una sentencia, el TSJ alegó que se observaron varias irregularidades en el proceso: hubo actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial y a los derechos de la víctima del delito.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos publicó la información en su cuenta en Twitter, en la que afirmó que la decisión evidencia tres aspectos fundamentales e irregulares en el proceso. A continuación:
1.- «La complicidad en la primera imputación del Ministerio Público y, en particular, de quien ejerce funciones de fiscal general (Tarek William Saab), donde hubo el firme propósito de garantizar impunidad en un caso de grave violación a los derechos humanos».
2.- «La complicidad del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, quien guardó silencio ante la imputación y posteriormente ante la sentencia, cuando era su obligación haber impugnado ese proceso, en el que además no se aplicaba la ley contra la tortura».
3.- «Demuestra esta nueva imputación la fuerza del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también del informe de Amnistía Internacional sobre el caso del capitán. Las evidencias contundentes obligaron al TSJ a revisar la sentencia».
Provea manifestó que los dos presuntos autores materiales muy posiblemente actuaron con la orden o complacencia de altas autoridades de la Dgcim. La organización incluso señaló a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Por tanto, exigió que se investigue la cadena de mando.
«El asesinato mediante tortura del capitán Acosta Arévalo fue resultado de una estructura criminal que convirtió las violaciones graves a los derechos humanos en una política de Estado, a tal nivel que hay motivos razonables para considerar que se han cometido delitos de lesa humanidad», finalizó.