LA PRENSA de Lara | Agencias.- Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, manifestó este lunes que la actualización oral presentada por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estaba orientada a la evaluación de cómo había sido la colaboración del Ejecutivo venezolano para el equipo técnico de su oficina que está en Venezuela.
A su juicio, el mensaje fundamental que dejó esa presentación es que «no hay suficiente cooperación por parte el gobierno. Se le ha dejado actuar visitando algunas cárceles, pero no han podido entrar a la Dgcim, que se ha convertido en centro de torturas, así como tampoco en el Sebin. Ademas, tampoco hay colaboración amplia por parte del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, que vienen recibiendo asesoría técnica de este grupo de personas».
En entrevista para Globovisión, Alvarado explicó que los organismos del Poder Moral como la Defensoría y la Fiscalía tienen más de cuatro años sin presentar informes sobre los DDHH. por lo que se desconoce la situación acerca de esta materia en Venezuela desde el punto de vista oficial «y es parte de lo que debería ser resultado del proceso de colaboración con la gente de la ONU».
Respecto a lo ocurrido en Lara el pasado fin de semana con las agresiones de grupos civiles armados al presidente interino Juan Guaidó, y a sus simpatizantes, el coordinador de investigación de Provea manifestó que esa situación es «preocupante» e indicó que debe condenarse cualquier hecho de violencia, tanto el visto contra el parlamentario como el «intento de magnicidio» contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, «que afortunadamente fracasó porque si no el país estaría en un baño de sangre».
Indicó que la violencia política en Venezuela no debe ser alentada en ninguna circunstancia, ya que si existe un aliento a atacar a los dirigentes políticos, sea cual sea su posición política, puede registrarse una escalada de violencia indetenible. Sin embargo, es de la opinión de que desde el gobierno se ha promovido el paramilitarismo y en el caso específico de Lara, «estoy plenamente seguro que en el caso de Barquisimeto, la gobernadora del estado tiene alta responsabilidad» en el caso.
Detalló que se han recibido varias denuncias de cómo desde la gobernación larense se incita a los grupos civiles armados a que actúen y acotó que son los mismos que llevaron a cabo acciones violentas cuando Michelle Bachelet estuvo de visita en el país.
Instó al fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, a tener una participación más activa en este tipo de denuncias, ya que tiene las pruebas y las identificaciones. Indicó que Ruiz tiene potestad de investigar casos de violación de DDHH sin tener que esperar la denuncia, «pero la dos instituciones están dominadas por el gobierno y están al servicio de las violaciones de DDHH de Venezuela. No han dicho nada frente a las ejecuciones extrajudiciales. Se ejecutan mas de 5.000 personas y Ruiz está en silencio absoluto».
Respecto a la amenaza del presidente de la ANC, Diosdado Cabello, de ir contra las ONG, Marino Alvarado explicó que su reacción fue a un tuit que se colocó respecto a los ejercicios militares, en el que sugería que en vez de priorizar el gasto militar, debería invertirse en salud y educación.
Recordó que no es la primera vez que Cabello hace ese tipo de amenazas y aseveró que la administración de Maduro tiene más de 10 años construyendo siete hospitales y aún no los termina, «pero se invierte en armas y se crea una policía para reprimir».
Subrayó nuevamente el caso del dirigente sindical Rubén González, quien tiene más de un año preso en la cárcel de La Pica en el estado Monagas. Detalló que su estado de salud se deteriora dramáticamente y subrayó en su insistencia para permitirle salir de ese centro de reclusión para que sea atendido.
«Si se quiere avanzar en el país a generar un clima de cordialidad, que pueda permitir algún proceso de negociación y dialogo en Venezuela, es fundamental la liberación de presos políticos«, expresó.
Señaló que Provea trabaja con el Centro Gumilla para realizar monitoreos en todo el país enfocándose en los asesinatos perpetrados por la fuerza pública -por las FAES y el Cicpc-, ya que aseveró que existe una cantidad «impresionante» de personas que son asesinadas semanalmente en el país, además de los demás atropellos de los que son víctimas las personas como allanamientos, robos, destrozos a sus bienes, entre otras cosas.
Fuente informativa: Tal Cual.