Reuters | LA PRENSA DE LARA.- El silencio en el parlamento venezolano al comienzo de una sesión se rompió con un ruido constante de fondo que duraría toda la plenaria: el sonido de una cuadrilla de construcción que remodelaba el parque donde se había reunido la legislatura.
El parque es uno de los pocos lugares en los que los diputados de la oposición pueden reunirse sin ser hostigados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no sólo les prohibió el acceso a la sede del Palacio Federal Legislativo, sino que también empujó a decenas al exilio.
Los mandatos de los diputados vencen el 5 de enero, fecha en la que se convocará un nuevo congreso después que los aliados de Maduro barrieran en la votación legislativa del 6 de diciembre, en la cual la oposición no participó y llamó a la abstención por considerarla fraudulenta.
Maduro rechaza la idea de que la elección fue injusta y ha celebrado la votación como un punto de inflexión que pondrá a la Asamblea bajo el control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a pesar de las sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera de la nación de la OPEP que han buscado sacarlo de poder.
Los legisladores opositores están discutiendo ahora cómo mantener una versión simplificada del parlamento incluso después de que terminen sus mandatos, una estrategia que podría ponerlos en riesgo de detención, mientras no brindan formas claras de acelerar la expulsión de Maduro.
Sin embargo, muchos insisten en que el plan ayudará a mantener el reconocimiento internacional al jefe del Congreso, Juan Guaidó, a quien 50 naciones ven como el líder legítimo de Venezuela, al tiempo que garantizaría que la oposición no desaparezca por completo.
Estados Unidos y la Unión Europea dijeron tras los comicios del 6 de diciembre, que desconocieron, que mantendrían su apoyo a Guaidó.
«Es nuestro deber continuar y mantenernos en la Asamblea Nacional hasta que haya unas nuevas elecciones y hasta que se restituya el hilo constitucional en nuestro país», dio la diputada Nora Bracho, del noroccidental estado de Zulia.
Bracho fue una, de poco más de una docena de legisladores, que se sentó en sillas blancas de plástico bajo un toldo para la sesión del 15 de diciembre en el Parque Morichal, ubicado en la barriada de clase media Prados del Este, en Caracas.
Otras seis diputados hablaron presencialmente en la sesión, pero otros lo hicieron a través de una videoconferencia que se mostró en un televisor ubicado en el lugar.
A unos 12 metros de distancia, los trabajadores estaban construyendo barras de refuerzo y muros de retención de madera mientras una retroexcavadora abría lo que parecía ser un nuevo camino. El martilleo siguió incluso cuando el congreso guardó un minuto de silencio en honor a un grupo de migrantes venezolanos muertos intentando llegar en bote a Trinidad a comienzos de mes.
Bracho y otros legisladores que hablaron con Reuters dijeron que esperan que el parlamento quede en manos de un grupo de 33 parlamentarios, y los 90 restantes que fueron elegidos en 2015 por la alianza de la oposición tendrían un perfil más bajo.
AJUSTES
El grupo de opositores se está preparando para reducir el número de embajadores que representan a Guaidó en el extranjero y del personal asociado al gobierno interino de la oposición, dijeron legisladores a Reuters este mes.
No obstante, no parecen haber llegado a un consenso sobre cómo crear oficialmente reglas para el mantenimiento del parlamento, lo que requiere reformar un llamado «estatuto de transición» aprobado en 2019 en medio de la euforia de que Maduro podría estar al borde de abandonar el poder.
En la última semana, los legisladores suspendieron dos veces las sesiones convocadas para finalizar la modificación del estatuto de transición y aún no han convocado una nueva.
En 2015, la oposición ganó el parlamento en un rechazo aplastante al PSUV, pero el Tribunal Supremo de Justicia, visto por críticos como pro Maduro, la declaró en «desacato» y rechazó casi todas las medidas que aprobó. A la par, el gobierno aprobó decretos para limitar funciones de los diputados.
Maduro, que mantiene el apoyo de los militares, acusa a los legisladores de la oposición de apoyar las sanciones de Estados Unidos, y se ha burlado de la idea de que extenderían su mandato más allá del 5 de enero.
«Llegó la hora del cambio, llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional (…) Que Guaidó continuará diciendo que es presidente, ya será una comiquita terrible que producirá más lástima que risa», dijo Maduro en una entrevista con la televisión estatal.
Los legisladores fueron acusados durante sus mandatos de delitos que van desde la traición a la patria a la instigación a la violencia. Algunos fueron detenidos o pasaron meses, sino años, viviendo en embajadas, docenas están ahora en el exilio y casi todos tienen sombrías historias de las fuerzas de seguridad que los persiguen a ellos y sus familiares.
Bracho recuerda que «me arrastraron por el cabello, me bañaron de orina y excremento, me lanzaron botellazos», además de recibir llamadas telefónicas de familiares molestos que le decían que su trabajo como legisladora amenazaba la seguridad de toda la familia.
Alfonso Marquina, quien representa al estado occidental de Lara, dijo que reconoció que los legisladores enfrentarán problemas de seguridad en el futuro, pero que la mayoría ya se había enfrentado a tales preocupaciones durante todo el periodo.
«El pueblo de Venezuela fue consultado y (…) desconoció mayoritariamente el fraude del 6 de diciembre», dijo Marquina poco antes del comienzo de la sesión en el parque, en referencia a la elección de este mes. «Hoy me veo más legitimado».
Con información de: Reuters& ;