Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Adriana Pichardo, coordinadora del Observatorio de DD. HH. de la Asamblea Nacional, sostiene que el informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre Venezuela se expone con claridad la falta de independencia del Sistema Judicial. Precisó que desde el Parlamento actualmente contabilizan 527 presos políticos, cinco son diputados.
«El 80 % de los perseguidos políticos hoy están en condición de secuestrados (desaparición forzada), porque no han tenido acceso a la defensa privada y se desconoce su paradero», expresó. Hizo referencia que la ONU ha expuesto la tortura a la que son sometidos los perseguidos, uno de los párrafos del informe revela que en los interrogatorios los aprehendidos son sometidos a «fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales».
«Esa es una de las razones por las cuales actualmente no permiten el acceso a abogados privados a detenidos políticos porque se encuentran en estado grave de salud, con signos claros de tortura, lo vimos con el diputado Requesens, con el capitán Juan Caguaripano, con Fernando Albán, ni hablar de la muerte del capitán Acosta Arévalo, cuya autopsia dejó claro que había sido víctima de tortura. Este informe comprueba los hechos, porque la oficina tuvo acceso a las víctimas y a los familiares de los casos», argumentó.
Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, indicó que aunque el gobierno apele a la negación de estos delitos al que las víctimas y familiares señalan como principal responsable, el documento visibiliza aún más el nivel de emergencia que registra la nación.
«La respuesta del Estado ante este informe y anteriores ha sido de negación, pretender ocultar la crisis en materia de DD. HH. diciendo que quienes encabezan esta investigación aportan datos falsos, con la intención de intervenir en la soberanía, y de hacer ver al mundo que Venezuela es un país que garantiza y respeta las libertades fundamentales, pero la realidad es que el Estado en el propio ejercicio de su soberanía se negó a cumplir con las obligaciones de respetar y mantener esos derechos en la población», aseveró.
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