Redacción | LA PRENSA DE LARA.- Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida, según confirmó la organización Provea en sus redes sociales.
En horas de la madrugada del domingo 11 de febrero, Provea confirmó el arresto a través de su red social x. San Miguel habría sido trasladada a la Dgcim luego de ser aprehendida en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba un viaje familiar fuera del país.
«Confirmada la detención de la activista y defensora de #DDHH Rocío San Miguel. Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos», informaron.
El arresto presuntamente está relacionado con las investigaciones del gobierno de Nicolás Maduro en relación con los «casos de conspiración» del pasado 15 de enero en la presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional.
Hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas apresadas y 22 solicitadas por la justicia venezolana, según informó el fiscal general Tarek William Saab, por estos mismos hechos.
Esta detención ocurre mientras la Asamblea Nacional avanza en la discusión del proyecto de ley que buscar regula el trabajo de las ONG en Venezuela y es visto por sus representantes como un instrumento para criminalizar su labor y reducir el espacio cívico.
Rechazan detención
Otras organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela han rechazado la detención arbitraria de la abogada en sus redes sociales.
Justicia, Encuentro y Perdón publicó su rechazo de forma categórica por la detención de San Miguel, según su versión, registrada en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba tomar un vuelo en compañ;ía de su hija.
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De igual forma, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), exigió que se deje de criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país.
Se pronunció además el partido Voluntad Popular asegurando que los familiares de San Miguel tienen más de 24 horas sin saber cuál es su paradero. También el dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa rechazó lo ocurrido.
Por su parte, Vente Venezuela denunció que «este hecho forma parte de un patrón sistemático del gobierno por arremeter contra la sociedad civil y violar los derechos de los ciudadanos».
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