Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA – La cuarentena que se registra desde el 16 de marzo cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, ha sido un detonante para la destrucción masiva de los empleos formales tanto del sector privado como público. Si hasta el 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) proyectaba que existían 14 millones 67 mil 607 personas empleadas en el país, la realidad es que los bajos salarios, la hiperinflación y el cierre de empresas que se han dado por la paralización económica, ha hecho que cerca del 70% de la población dependa del trabajo informal para sobrevivir, según estimaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
«Estamos hablando de 9 millones 800 mil venezolanos que están viviendo del sector informal, eso es un balance catastrófico, porque es la economía irregular lo que está manteniendo al país», puntualizó José Elías Torres, secretario nacional de la CTV, quien explica que en ese número se engloban tanto los venezolanos que están desempleados, como aquellos que teniendo un empleo formal laboran horas extras en la informalidad para generar los recursos que les permite alimentarse mejor.
«La realidad es que un sueldo en el país no alcanza ni para comer una semana, si algo ha logrado el gobierno en 21 años es aumentar el sufrimiento de los venezolanos acabando con el trabajo decente y el salario justo», precisó. Aunque Torres no maneja cifras oficiales sobre cuántos empleos se han perdido en la pandemia, sí dijo que los pronósticos son desoladores, si se comparan con las proyecciones que han hecho gremios como Conindustria, al señalar en junio que de no crearse medidas de auxilios financieros para el sector industrial, unas mil empresas podrían cerrar en diciembre.
Comercio golpeado
Según la Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) que presentó en julio la Universidad Católica Andrés Bello, 44% de la población de 15 años en adelante está económicamente inactiva, lo que representa unos 6 millones 198 mil venezolanos. Esto se debe principalmente a la reducción de la capacidad del sector manufacturero para generar empleos, que en el último lustro ha caído 50%.
Esta encuesta señala que el 80% de las personas asalariadas en la actualidad dependen del sector servicios y comercios, pero justamente estas empresas han sido una de las más golpeadas por las medidas implementadas por el gobierno nacional desde hace cinco meses, desincorporando a buena parte de los sectores económicos durante las semanas de cuarentena radical, la situación se agrava en aquellas parroquias del país donde los contagios por coronavirus registran un aumento exponencial.
Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, informó que en los días en donde se impone esa radicalización, el 90% de los comercios permanecen cerrados. Estas empresas clasificadas como no prioritarias, no han podido generar ingresos económicos ni por lo menos un mes, y tampoco han contado con incentivos financieros del Estado para soportar la paralización económica y garantizar salarios.
«Ya no hay manera de sostener esta situación, tiene que haber una negociación entre trabajadores para llegar a acuerdos económicos, de hecho se han acordado manifiestos bipartitos entre trabajadores y empresas porque no hay otra forma de ir hacia adelante al no haber continuidad de los procesos productivos, por el lado financiero, ya no hay comercio que tenga la capacidad de tener una gran nómina», alertó Capozzolo.
Explicó que el sector comercio es el que está aportando los mayores indicadores del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela. «Hemos superado en aporte al PIB al Estado y a la industria petrolera. El sector servicio y comercio está aportando mucho más que el gobierno, y estamos casi iguales si se suma el aporte que hace el gobierno y sector petrolero. Eso lo que representa es que el país en este momento se sostiene por las empresas y no por el petróleo», destacó.
Recordó que la pandemia agarró a la población con los peores indicadores económicos de la historia y una hiperinflación que contabiliza casi cuatro años. «Antes de esta situación ya teníamos una amenaza de la sostenibilidad del 30% de los comercios, la COVID 19 ha empeorado el cuadro del padecimiento de los ciudadanos», alertó. A las precariedades se le suma el hecho que el 96% de la nación es pobre de ingresos según la ENCOVI.
«Es hora de poner sobre la mesa de discusión la duración de esta crisis del COVID 19. Estamos claros que lo primero es proteger la vida, pero si ya hay evidencias a nivel mundial que la pandemia se va a mantener por lo menos hasta el año que viene, entonces hay que volver a discutir las estrategias de mantener a la gente en casa, los comercios cerrados, de bloquear los accesos, porque no tenemos capacidad de esperar hasta el 2021 para volver a producir, para volver al trabajo», exclamó.
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