Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA DE LARA.- El abogado y defensor de derechos humanos, Rafael Narváez rechazó este viernes que las autoridades venezolanas hayan asumido un tono de burla para referirse al informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, y es que a juicio del experto en leyes, descalificar el documento no exime al Estado de responsabilidad.
A través de una nota de prensa, Narváez mencionó que la nación es signataria del Estatuto de Roma y por ende puede ser juzgada por la Corte Penal Internacional y los países que aplican la Justica Universal.
«Nuevamente el Estado venezolano asume una conducta de burla y desprecio ante unos hechos que, a la luz de los testimonios de familiares y víctimas de las atrocidades calificadas de crímenes de lesa humanidad y ejecutadas por los cuerpos de seguridad con odio y resentimiento, son imposibles de ocultar» dijo.
Sostuvo que el Estado no puede descalificar el documento alegando que fue elaborado fuera del territorio nacional porque el mismo Estado prohibió el ingreso al país de los integrantes de la Misión y porque la misma tiene su metodología para determinar los hechos a través de la documentación y los testimonios recabados.
El abogado subrayó que esta no se trata de la primera vez que el Estado asume un conducta de descalificación, pues recordó que tuvo la misma postura con informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Narváez comenta que el Estado sigue subestimando el consejo que le dio el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien indicó que el informe debía tomarlo en serio, y sigue ignorando que es firmante del estatuto de Roma y que le da competencia plena la corte penal para investigar crímenes de lesa humanidad calificados en el informe de la misión independiente de determinación de los hechos.
«La Misión realizó la investigación desde afuera cubriendo los extremos y es un informe muy denso y muy completo, y esto a pesar de que el Estado, de forma prepotente, altanera y bravucona le negó la entrada a la misma, incumpliendo su obligación a cooperar tomando en cuenta que forma parte del Consejo General para los DDHH de la ONU. Le recuerdo al equipo que mal asesora al Estado, que tanto el sistema interamericano de la OEA para los DDHH y la ONU tienen suficientes testimonios de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado», advirtió mientras enfatizaba que la Misión trabajó de manera independiente y siguiendo el mandato del Consejo General para los derechos humanos.
Narváez apuntó que muchas de las víctimas que fueron ignoradas por los Poderes Públicos, tuvieron que asumir los pactos internacionales en materia de derechos humanos establecidos en la constitución para posteriormente recurrir a instancias internacionales desde 2014, situación que no hubiese ocurrido si las instancias nacionales les hubiesen prestado atención.