Defensores condenan detenciones forzosas en el país

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Defensores de derechos humanos en Lara alegan que en los últimos meses, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), han venido aplicando detenciones arbitrarias contra defensores de DD. HH., siguiendo dos patrones de persecución: el primero es que aplican desapariciones forzosas por varios días y el segundo es que van contra mujeres con amplio conocimiento en temas militares y de seguridad de la nación, como es el caso de la abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

«Un patrón tiene que ver con detenciones forzosas seguidas de incomunicación que se han incrementado el número de casos, y que forma parte de las torturas que se hacen sobre la víctima y sobre sus familiares, porque todos podemos imaginar la angustia que produce no saber de un familiar que ha sido detenido. En segundo lugar, recién a las 5:30 p.m. del domingo 11 de febrero fue que el titular del Ministerio Público reconoce la detención de Rocío San Miguel, e informa que tenía una orden de aprehensión por presunto intento de magnicidio, alegando que formaba parte de una conspiración. Últimamente hemos visto acusaciones muy similares contra la periodista Sebastiana Barráez y la abogada Tamara Sujú, quienes tienen órdenes de captura. Son personas que cubren temas de seguridad y defensa y comisión de violaciones de DD. HH. en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, es un patrón contra mujeres, personas que están visibilizando violaciones con el tema de seguridad y defensa», expresó Yonaide Sánchez, representante de la red de DD. HH. en Lara.

El abogado de San Miguel, Juan González, en horas de la tarde de ayer informó que junto a ella fueron detenidos su hija, Miranda Díaz San Miguel, su exesposo Víctor Díaz Paruta, dos hermanos, Miguel Ángel San Miguel, Alberto San Miguel y Alejandro González Canales, expareja de la abogada, quienes también están desaparecidos.

«Esta detención es la segunda de más gravedad después de la de Javier Tarazona, director de FundaRedes, que también se ocupaba de temas de seguridad y defensa nacional y que ya va a cumplir casi 1000 días de detención arbitraria y además San Miguel es mujer, y estar sometida a una situación donde no se sabe de ella, de su integridad durante tres días, agrega gravedad, porque esto representa una violación a la integridad física y psicológica de las mujeres venezolanas», indicó Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de DD. HH. de la UCLA.

El lunes de carnaval, 204 organizaciones civiles del país y 415 personalidades dentro y fuera de Venezuela exigieron en un comunicado la aparición de San Miguel y su liberación, y que se respete las medidas cautelares de protección que tiene, emitidas por la Comisión Interamericana de DD. HH. desde enero 2012.