Critican la tardía atención a la situación precaria de los adultos mayores y la improvisación en las soluciones propuestas.
Redacción | LA PRENSA DE LARA. – Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, ha alertado en una entrevista con Provea sobre la cruda realidad que enfrentan más de cinco millones de adultos mayores en Venezuela, sumidos en la pobreza extrema.
Su declaración surge en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor celebrado el pasado 29 de mayo, junto con la aprobación reciente de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista, la instauración del Ministerio para los Adultos Mayores y el Congreso de los Adultos Mayores.
Silva ha manifestado su escepticismo respecto a las medidas gubernamentales recientes, considerando la Ley de Pensiones y la Misión de Abuelas y Abuelos de la Patria como estrategias electorales.
Critica la tardía atención a la situación precaria de los adultos mayores y la improvisación en las soluciones propuestas, las cuales parecen enfocarse en obtener votos más que en abordar las causas estructurales de la pobreza extrema.
En cuanto a la nueva ley de pensiones, Silva plantea su preocupación por la crisis económica que ha impactado negativamente en el empleo formal, llevando a un aumento del trabajo informal y a una disminución de los aportes a la seguridad social.
Advierte sobre el efecto nocivo de los nuevos impuestos y la presión fiscal sobre las empresas, lo que ha resultado en cierres y una reducción aún mayor de trabajadores formales y sus contribuciones al sistema de seguridad social.
El llamado urgente de Silva se centra en la necesidad vital de un sistema de seguridad social efectivo, respaldado por leyes y políticas coherentes, y no por medidas superficiales o de carácter temporal. Subraya que el acceso a la seguridad social es un derecho fundamental que requiere un compromiso político serio y la implementación de marcos legales y políticas adecuadas para garantizar una protección efectiva de la población vulnerable en momentos de necesidad.