Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.– Se asociaba a las estafas que podían terminar en crímenes por negociación de vehículos, pero ahora la página Marketplace de Facebook también es utilizada para la venta de órganos en la que piden hasta $20 mil. Desde el 17 de abril de 2022 hay tres detenidos por el Cicpc en el país, especialistas piden mayor control e investigaciones para evitar este tipo de delitos que estipula una pena de 8 años de prisión y deja al descubierto a personas despiadadas que sacan provecho de la angustia de pacientes en listas de espera por trasplantes en Venezuela.
Se conocen sólo algunos rostros de responsables y se ignora el grupo que pueda estar detrás de ese acto calificado como «inescrupuloso» por parte de expertos, que juegan con las esperanzas de una mejor calidad de vida para quienes están esclavizados a las máquinas de diálisis durante las sesiones interdiarias.
La primera alerta se hizo pública este 15 de abril, con la difusión de la disponibilidad de un «riñón de niña de 15 años en perfecto estado», con un texto que justificaba la intención de independizarse por una mejor calidad de vida junto a sus hermanos. Pero la reseña del domingo 17 de abril por parte de Douglas Rico, director nacional del Cicpc, mostró a Marielys del Carmen Yedra aprehendida por ofrecer un riñón al costo de $20 mil. Fue sorprendida en la avenida 13 de Junio de Acarigua, del estado Portuguesa y presenta registro por porte ilícito de armas.
El parte policial continuó ayer cuando Rico confirma dos detenidos por este mismo delito en el estado Bolívar. Se trata de Franklin Rosales, de 41 años junto a una adolescente de 16 años, a quienes les incautan dispositivos con varias imágenes para la promoción de la venta de un riñón a través de perfiles falsos. Tal procedimiento se levantó en la parroquia Dalla Costa, perteneciente al municipio Caroní.
«No queremos llegar a un mercado negro», precisa Huniades Urbina, secretario general de la Academia Nacional de Medicina, acerca de una práctica que suele darse en otros países a través del «negocio» de órganos como riñón, hígado, médula, córnea y otros. Además de recordar que en Venezuela se tienen casos de pacientes que han tenido que buscar trasplantes en otras naciones, porque se tienen casi 5 años de interrupción del programa nacional de trasplantes, que limita a la espera en el Hospital Militar de Caracas.
Señala la necesidad de investigaciones permanentes para evitar que le saquen provecho a la desesperación de pacientes que aspiran mejorar las condiciones de vida. Además del riesgo para la salud, al desconocer el complejo protocolo que asegura la compatibilidad del donante, el cual debería tener un grado de consanguinidad y la garantía de no verse afectado por algún tipo de patología. «Es un acto ilegal y no se puede terminar en angustias», advierte sobre la exposición a través de las redes sociales.
René Rivas, presidente de Colegio de Médicos de Lara, repudia el hecho delictivo al desvirtuar ese proceso de donación de órganos que debería ser voluntario y sin el carácter lucrativo. Recuerda que siempre se habla del potencial donante hasta confirmar la compatibilidad con el receptor, definido desde la consanguinidad, organológica y hasta considerando aspectos tan importantes que no puede tratarse de un cruce entre niños y adultos.
Lara no tiene denuncias sobre la venta de órganos por internet, lo asegura Javier Cabrera, director regional de Salud, al reiterar que cuentan con un grupo de procura del sistema de salud. «No caigan en estas estafas con ofertas engañosas que buscan la ganancia económica por la desesperación de alguna necesidad por órganos», recalca hacia quienes ignoran las medidas básicas del debido protocolo.
Sin desvirtuar
No se trata de la compra de cualquier mercancía y desde la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) hacen énfasis en este protocolo por el antes, durante y después de la intervención. No se puede realizar en cualquier lugar y en pleno desconocimiento de las condiciones de extracción, con la garantía que sea viable.
Dejan claro que se trata de un proceso que puede involucrar hasta 50 personas, entre profesionales de la salud y hasta el personal administrativo para canalizar cada uno de los casos. Además de recordar que desde 2011 está la Ley sobre Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en seres humanos, donde se penaliza entre 4 a 8 años de prisión, con mayor fuerza en los profesionales que se presten para este tipo de intervenciones ilegales. El hecho lucrativo desvirtúa la donación y lo transforma en delito.
«Nosotros como corredactores de la ley de trasplante fuimos bien claros», dice molesto Reymer Villamizar, titular de la Fundación Amigos Trasplantados de Venezuela, de esta manera de blindar el protocolo para la procura de órganos y recordar a la población en general que se amerita de un equipo multidisciplinario y que la plataforma debe empezar por un centro asistencial público o privado.
Ante todo, exigen una investigación que incluya el peso hasta en las actuaciones de menores a través de la Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), para determinar si se trata por desconocimiento de la norma, pero de igual manera que no lo exima de culpas. La ley también habla de educación y allí tienen una materia pendiente desde el Ministerio de Salud, IVSS y la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene).
También reprocha que los anuncios de reactivación en general del programa de trasplantes se quedan en lo «propagandístico» sin terminar de concretar a nivel nacional. Hace alusión a ese primer pronunciamiento en noviembre de 2021 previo a las elecciones y recientemente con un centro de trasplantes en El Paraíso de Caracas, sin la mayor información de avances en estas intervenciones.
Para Yanirys Evíes, de la organización «Vida renal contigo», los pacientes que dependen de un riñón artificial viven un sacrificio con el tratamiento y control médico, además del bajo poder adquisitivo que los lleva a mucho sacrificio para buscar la atención en países cercanos y así desprenderse de las máquinas de diálisis. «Es insólito escuchar esto, como si habláramos de mercado libre», refutó, llamando a no repetir esa cadena de tráfico de órganos, las cuales no son reportadas por organismos de seguridad.
A ese mismo llamado se une Héctor Colmenárez, diputado y titular de la Fundación de Amigos del Paciente Renal (Fundaprel), con el recordatorio a la colectividad para evitar caer en estos anuncios, ya que los pacientes se mantienen en una lucha continua por la reactivación de unidades a nivel nacional para agilizar la atención de quienes cuentan con los donantes potenciales.
Tener que resistir y ver la partida de niños que tuvieron una infancia limitada a un riñón artificial y su condición de salud deteriorándose cada vez más, mientras seguían a la espera de trasplantes en el hospital J. M. de los Ríos, donde para el primer trimestre de 2022 se conoció del fallecimiento de tres menores.
Sin perder las esperanzas por el riñón, los pacientes renales se arman de coraje y piden las denuncias de este tipo de casos delictivos que tergiversa la donación de órganos. Exigen el respeto de la ley y sin burla a sus necesidades.
El proceso lleva su tiempo
Frente a lo delicado del comercio de órganos, desde la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) advierten lo estricto de un protocolo que no puede saltarse el debido proceso.
En el caso de donantes vivos se empieza por ser mayor de edad, cumplir los informes médicos actualizados y la aprobación de las pruebas que confirmen la compatibilidad con el receptor. No puede pasarse del quinto grado de consanguinidad y además de contar con la voluntad de donación por escrito, la misma sin motivos lucrativos ni por coacción. Debe ser un acto voluntario.
Para aquellos por donante cadáver, solamente califica al confirmar el diagnóstico por muerte encefálica, salvo a la manifestación contraria de la persona en plenas facultades.
«Esto pasa a ser el país de los estafadores», lamenta Deyanira Gentile, miembro de Colegio de Médicos de Lara, cuando hay personas que juegan con la necesidad de quienes buscan una esperanza de vida. «Son procedimientos médicos, no de ciencia ficción», denunció.
Mayor información evita percances
Sin desesperación, es el llamado de atención de Héctor Colmenárez, diputado y titular de Fundaprel, al llamar a la calma a la colectividad para no caer en estas prácticas que perjudican algún avance y desvíe la atención del proceso de reactivación general de los trasplantes. Además de recordar la necesidad de mantenerse informados acerca de todo el protocolo.
«Cada vez que hay anuncios de trasplantes o algún arranque, se tienen este tipo de hechos que pueden disminuir los deseos de continuar en la lucha», señala y recuerda que no se termina de llegar a todos los responsables, quedando sólo en aquellos directos.
Lamenta que este tipo de delitos ocurren en países que atraviesan crisis, tales como en África e incluso hasta en Perú. Todo desde un escenario de sectores vulnerables con habitantes que se atreven a ofrecer sus órganos para conseguir altas cantidades de dinero y a sabiendas que no se verán afectados por el retiro del mismo. «Pero también se debe profundizar en investigaciones, porque para cumplir su cometido este grupo debe contar con profesionales, conscientes de una práctica clandestina y delictiva», reprochó.
De allí, es que se va a la ley acerca de trasplantes de 2011, que empieza en su artículo 10 con la prohibición rotunda de cualquier transacción económica, cuando la donación es gratuita. Vuelven a insistir en el llamado del artículo 45 que detalla el delito por ese propósito de lucro y tratándose de un fin terapéutico.
También son tajantes con los profesionales de la salud acerca del proceso de ablación, con todas las exigencias de la extracción y que terminando en la ilegalidad pueden afrontar una pena entre los 4 a 8 años, como lo establece el artículo 46 de la mencionada ley.
Cuando detalla las sanciones administrativas a los centros asistenciales que incurran en esta violación, Colmenárez recuerda las multas que pueden llegar a rondar las dos mil unidades tributarias y la suspensión de certificación de 5 a 10 años.
Le preocupa la falta de formación a través de campañas informativas y precisa que desde Fundaprel trabajan en el proyecto de orientación «La escuela del riñón», para dar todos los detalles, incluso legales para los pacientes renales.