Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA – El clientelismo y las medidas populistas han sido la oferta electoral más visible que han utilizado los candidatos de las elecciones del 6 de diciembre. Esta estrategia de regalar alimentos a cambio de la lealtad de los ciudadanos para que acudan a votar en las Parlamentarias, es utilizada por igual por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y por quienes representan las organizaciones minoritarias de oposición. La práctica no es nueva, pero las alarmas se encienden cuando expertos electorales y politólogos advierten que en Venezuela avanza el «juego perverso», de manipular el hambre y la necesidad de la gente en medio de la emergencia humanitaria compleja.
El pasado 29 de septiembre se hicieron virales por las redes sociales imágenes de los candidatos del chavismo de los estados Anzoátegui y Barinas recorriendo las zonas populares y repartiendo en carretillas y cestas, mortadelas y pollos a los ciudadanos. «Aquí está el gobierno de Nicolás Maduro, el gran protector del pueblo, dándole la cara con nuestros dirigentes, atendiendo en momentos de dificultad», expresó en un vídeo Alberto Gago, candidato por el circuito 3 de la entidad oriental. Violando flagrantemente el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que establece que la campaña política no puede iniciar antes del lapso establecido en el cronograma electoral, que el Consejo Nacional Electoral (CNE), fijó del 3 de noviembre al 3 de diciembre.
Según informó Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de la organización civil Súmate, el adelanto de campaña de los candidatos del PSUV y del presidente Nicolás Maduro fue una de las violaciones más recurrentes contra la Lopre. De hecho el 46,31% de los observadores electorales que tiene esta organización en 23 estados del país, reportó haber visto a los candidatos a diputados recorriendo calles y avenidas haciendo campaña antes de lo permitido.
Pero lo más grave que reporta Súmate, es el hecho que el 55,6% de sus observadores, distribuidos en 273 municipios del país de los 335 existentes, indicaron que los candidatos a diputados entregaron alimentos asociados a las cajas repartidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), violando la Ley Contra la Corrupción.
Para el politólogo Radamés Graterol, este tipo de acciones son una evidencia clara que el clientelismo, ha sido perfeccionado en estas Parlamentarias. «En la cuarta República se le llamaban líos de zinc, porque los adecos y copeyanos entregaban techos de zinc, casas, becas y hasta daban empleos en elecciones. Nicolás Maduro desde 2018 aplicó una técnica también implementada en México, que era la entrega de una tarjeta, en este caso el carnet de la Patria, con la transferencia de bonos. Pero en la actualidad entregar comida es un acto deplorable, y particularmente creo que no rendirá sus frutos, porque ya la gente entiende que esas prebendas que reciben son recursos de todos los venezolanos y no del gobierno», comentó.
Una vez iniciada la campaña política, la acción de repartir alimentos fue copiada por los candidatos por el voto lista nacional Javier Bertucci, de Esperanza para el Cambio, y Leocenis García de Prociudadanos. Bertucci inició el 3 de noviembre en Valencia entregando sardinas y sopa. Mientras que Leocenis García publicó en su Twitter el plan «Ayuda a las Mujeres», donde entrega bandejas con carne. Los candidatos de Primero Venezuela, están persuadiendo a los ciudadanos con la entrega de bolsas de comida.
«Recurrir a esta práctica es censurable, por la realidad que vive el país, donde hay gente muriéndose de hambre por la pérdida del poder adquisitivo, debido a que el salario mínimo de Bs. 400 mil mensual, representa 58 centavos de dólar», exclamó Germán Aponte, politólogo y profesor universitario.