Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Un informe publicado por la Procuraduría General de Colombia reveló que los migrantes venezolanos que están en tránsito migratorio por esa nación están expuestos a problemáticas como trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad, microtráfico y abandono estatal.
El documento, llamado Situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta, alerta que en septiembre de 2022, pocos días después de que los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieran reabrir las fronteras tras 7 añ;os de cierre, la Procuraduría evidenció el cierre inminente del Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) ubicado en Los patios.
Este centro, localizado en un municipio cercano a Cúcuta, en la ruta que toman los migrantes en su camino hacia el centro del país, atendía diariamente al menos a 200 caminantes. Allí se les ofrecía alojamiento por 72 horas y se les brindaba alimentación, atención psicosocial y en salud, asesoría legal frente a su situación migratoria y transporte humanitario para continuar su camino hasta las afueras del departamento.
La procuradora Margarita Cabello denunció que el cierre de este centro pone en riesgo la vida de los migrantes venezolanos y otras nacionalidades, pues el lugar se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia, esclavitud sexual, entre otras, que persisten en la zona.
El informe también señ;ala que los caminantes que atraviesan la selva conocida como El Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos, están expuestos a encuentros con la vida salvaje que habita en esa zona, así como a los grupos armados ilegales que se esconden en las 575.000 hectáreas que comprenden este espacio.
La Procuraduría indicó que en los municipios de la zona permanecen grupos familiares con niñ;os hasta por 10 días, sin recursos económicos, salud o alimentación. Además, el ente recibió denuncias sobre la presencia de niñ;os, niñ;as y adolescentes involucrados en trata de menores para poder comer, así como afectaciones al orden público a causa de presuntos hurtos, prostitución y drogadicción.
A esto se suman los abusos por parte de las compañ;ías privadas de transporte fluvial que están cobrando tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera.
Ante la magnitud de los hallazgos en las dos regiones fronterizas, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades del orden nacional, departamental y municipal, para contribuir con la solución de esta problemática.
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