Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- «La voluntad política que nos llevó al escenario de la hiperinflación en 2017 no ha cambiado en Venezuela, eso significa que podemos regresar perfectamente a esa situación. Tan sólo que puede ser incluso con efectos peores, porque el oficialismo no atendió los problemas estructurales a tiempo, no tuvo la entereza, ni le interesaba, no formaba parte de su proyecto político atacar los problemas de forma estructural que nos llevara a esa debacle económico de hace cinco años». Así lo expresó Andrea Rondón, doctora en derecho y directora del Comité de Derecho de Propiedad del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice Libertad).
Cuestionó la intención del Gobierno de implementar nuevamente un control de precios a 42 productos de la cesta básica, fijados esta vez en dólares. Política que asegura es un ataque a la propiedad privada. «El control de precios es pernicioso, obliga a industriales y comerciantes a fijar precios del resultado de su esfuerzo y establece márgenes de ganancias. Se debe permitir el libre juego de la oferta y de la demanda, porque de lo contrario provocarán escasez», destacó.
¿Para qué ha servido la política de intervención cambiaria en Venezuela?, ¿es sostenible en el tiempo?
No es sostenible en el país. Ellos lo que hicieron desde 2019 fue una intervención cambiaria, venían inyectando dólares a las mesas de cambio y aumentando la oferta de divisas para fijar un tipo de cambio artificialmente bajo. Pero no pueden inyectar dólares para siempre, porque además el Estado destruyó su principal fuente de ingresos que es la industria petrolera, y las reservas internacionales están muy mermadas. Es decir, si antes cuando uno hablaba de inflación en bolívares era por la irresponsable impresión de dinero inorgánico sin respaldo, esto que están haciendo ahora es muy similar pero en dólares, porque están inyectando dólares que no van a ser sostenibles en el tiempo. El problema es que el oficialismo venía aplicando paliativos, corriendo la arruga para frenar la inflación, pero ahora las consecuencias son mucho peores.
Algunos economistas y gremios empresariales señalan que la actividad económica está año aumentó entre 8 y 10%. ¿Cómo cataloga esa recuperación que el oficialismo llama «Venezuela se arregló»?
Ha habido un leve crecimiento, nadie lo puede negar, pero comparado a haber parado completamente al país. ¿Entonces ese leve crecimiento reúne calidad de vida para todos?, no, sólo para allegados al régimen que se han visto beneficiados con leyes como la Ley Antibloqueo de 2020, que hace mucho menos transparente las operaciones del Estado con particulares, hace mucho más opaca la información, aquí no sabemos realmente lo que está pasando. Se ha creado una economía negra como bien señala Econoalítica. Hay que ver mucho beneficio de inventario porque aquí ha habido cambios estructurales, la voluntad política que nos llevó a la situación actual: hiperinflación, crisis económica, humanitaria, crímenes de lesa humanidad, no han cambiado, y las medidas económicas que se han tomado no van a redundar en calidad de vida del ciudadano promedio.
Usted afirma que el modelo político que ahora tiene Venezuela es un mercantilismo de amigos. ¿Por qué?
Sí, hay que diferenciar el capitalismo del mercantilismo de amigos. En el capitalismo ocurren reglas claras del juego, hay Estado de derecho. El mercantilismo se da dentro de la barbarie, del salvajismo, dentro de un proceso de destrucción del ordenamiento jurídico y donde no hay claras reglas del juego.
El oficialismo dejó de pronunciar el discurso de expropiación, pero ¿Se mantienen las invasiones a las grandes unidades productivas?
Esta política de destrucción es por etapas, las invasiones eran al principio. Los primeros objetivos fueron los propietarios de las grandes extensiones de tierras, las haciendas, los hatos, Agroisleña fue una de las primeras víctimas, eso era muy común al principio pero ya no tienen tantas tierras que destruir, no tienen tantos propietarios de tierra que atacar. Entonces claro el ataque va mutando, las formas de ataque también. Ahora atacan a los comerciantes queriendo aplicar un nuevo control de precio. Las privatizaciones que se están dando pueden entenderse como forma de ataque a la propiedad, la poca transparencia puede entenderse como ataque a la propiedad.
El pasado 1º de diciembre la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó una lista de 42 productos con precios controlados en dólares que después eliminó. ¿Qué ha pasado con la Ley de Precios Justos desde 2018 a la fecha? ¿Por qué ha sido ignorada por tantos años y ahora reaparece?
Es importante señalar que no es que hemos vuelto al control de precios, el andamiaje legal, la Ley de Precios Justos está presente, nunca fue derogada, tan sólo que como este es un régimen con características totalitarias aplica la ley a capricho y a conveniencia cuando mejor lo considere. Entonces estamos en un proceso hiperinflacionario nuevamente, lo que se había detenido por allá oficialmente en enero de este año se está reactivando. Entonces vemos un aumento de precios porque es una consecuencia de las políticas monetarias que han venido aplicando y ante eso el control de precios sirve para desviar la atención de quién es el verdadero responsable de la inflación que vivimos en carne propia que es el Gobierno.
Si nos vamos a la historia, la Ley de Precios justos del oficialismo fue creada en 2003, pero en el año 1995 había una ley de precios para Venezuela. Son más de 27 años. ¿Para qué ha servido la Ley de Precios?
En esa etapa de democracia precaria que nosotros hemos tenido, nunca hemos estado exentos de la historia del control de precios, tan sólo que era bastante sectorizado, era cada cierto tiempo, era espaciado, no era prolongado en el tiempo. Hugo Chávez en el 2003 lo hizo también sectorizado, y desde 2010 con la Ley de Precios Justos se hizo generalizado. Los controles per sé generan distorsiones, en 2014 se usaron como medida de retaliación política, de control político, los efectos han sido nefastos. Nosotros nos encontramos en una crisis humanitaria desde antes del 2017, hoy podemos hablar de crímenes de lesa humanidad. El estudio que hace la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), desde 2014 revela cifras escandalosas de pobreza y el único responsable de eso es el Ejecutivo nacional que promueve el control de cambio, control de precios, el ataque a la propiedad privada.
Argentina tiene un control de precios en productos básicos, en México se regula el gas y en Colombia el precio del combustible. ¿Por qué los gobiernos de corte izquierdista utilizan la acción del control de precios que es considerada como un remedio venenoso para contener la inflación?
Porque son medidas que tienen un efecto psicológico, desvían la atención del verdadero responsable, porque cuando tú hablas de control de precios, ¿qué estás diciendo?, estoy atacando el aumento de precios. ¿Y quién fija los precios?, los comerciantes. Entonces te da una idea falsa pero en lo inmediato funciona, te genera un efecto psicológico, que el culpable de la subida de precios que es una consecuencia, es lamentablemente el comerciante. Entonces te ayuda al discurso de la bipolaridad, o el atacar al comerciante o atacar al empresario. Desvía la atención del verdadero responsable, el Gobierno. Una sociedad civil, un sector privado sólido, es un verdadero límite para los desmanes del Estado, pero si tú lo debilitas, tú lo destruyes, tú lo atacas, estas eliminando esos límites del Estado.
Lo particular de esta nueva medida es que el Gobierno hace un control de precios en dólares. ¿Están admitiendo que el Bolívar ya murió para el país?
No lo van a decir expresamente. El discurso que el oficialismo ha empleado tiene una intención y todo lo hacen sin improvisar. Ellos no van a admitir que el Bolívar no sirve como un instrumento de pago, ya su función como dinero ya acabó y ya nadie quiere el Bolívar como instrumento de pago. Ellos lo saben pero no lo van a admitir. Por eso se inventan el Petro, por eso hablan de reexpresión monetaria o fijar precios en dólares que es una forma de admitir que el bolívar está destruido y es una forma de admitir que existe ya inflación en dólares.