La Asamblea Nacional abordó esta semana la necesidad de realizar una revisión integral al sistema de cobro en los estacionamientos privados de todo el país.

La propuesta fue presentada por el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, quien fundamentó la solicitud en el creciente número de denuncias recibidas por parte de usuarios que califican las tarifas actuales como «desmesuradas» y carentes de regulación.

Infante destacó que la falta de una supervisión constante ha propiciado que los establecimientos fijen precios a su parecer, afectando económicamente a los ciudadanos que visitan sus establecimientos y requieren de resguardo para sus vehículos.

Al respecto, el diputado enfatizó: «Queremos avanzar en revisar, corregir y fiscalizar para tomar acciones ajustadas a la ley», señalando que el malestar se ha manifestado de forma recurrente tanto en plataformas digitales como en reportes presenciales.

Coordinación institucional para la fiscalización en estacionamientos

Ante esta situación, se instruyó a la Comisión Permanente de Administración y Servicios para que establezca una agenda de trabajo técnica. Esta instancia colaborará directamente con el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Ministerio de Comercio Nacional. El objetivo de esta alianza es diseñar un marco legal y normativo que elimine la variabilidad injustificada de los precios en el sector.

La medida busca establecer criterios técnicos que permitan unificar o referenciar los costos del servicio bajo parámetros claros de supervisión estatal.

Con ello, las autoridades se comprometen a tomar cartas en el asunto para frenar la discrecionalidad con la que operan algunos de estos estacionamientos privados en el territorio nacional, garantizando que los ajustes de precios respondan a estructuras de costos reales y auditables.