Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La Asamblea Nacional (AN) dio inicio este viernes a la consulta pública de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines en Venezuela.
Se trata de una amplia convocatoria que cuenta con la participación de representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales, así como de organismos públicos incluyendo al Cicpc, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Ministerio Público, Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y distintas instancias y salas conectadas vía virtual a la consulta.
También está presente en la consulta William Castillo, Viceministro de políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas.
Desde el Hemiciclo Protocolar, Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión permanente de Política Interior presentó el proyecto de Ley ante los presentes y explicó que ésta cuenta con 18 artículos y 2 disposiciones transitorias.
Sobre la consulta, el parlamentario señaló que los diferentes aportes serán evaluados y considerados por el equipo sistematizador y se espera en un lapso no muy extenso contar con un instrumento definitivo para su segunda discusión.
El diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, quien lideró este primer debate resaltó la obligatoriedad de someter las leyes a la consulta pública.
Asimismo, recordó que el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior, al presentar el proyecto de Ley dijo que habían unas 60 ONG vinculadas a hechos políticos en el país.
Infante destacó como importante referente para la Ley a los Estados Unidos, específicamente la ley FARA, la cual data de 1938 y regula las asociaciones civiles en ese país. Además mencionó otros ejemplos como Arabia Saudita, cuyo Gobierno otorga el permiso a las ONG.
El proyecto de ley, aprobado en primera discusión en enero de 2023, tiene por objeto promover y regular el régimen de las organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela.
La propuesta inicial contempla multas a las ONG que no se registren, o que no declaren la identidad y procedencia de sus respectivas donaciones.
Fuente: El Universal.
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