• El Parlamento venezolano reformó la ley del servicio eléctrico para incorporar la inversión privada en la generación y venta de energía.
• La normativa incluye un nuevo sistema de tarifas indexadas a monedas de mayor valor con subsidios para sectores vulnerables, manteniendo la responsabilidad estatal sobre el suministro público.

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) dio su aprobación este martes a una modificación de la legislación que rige el servicio eléctrico del país. El cambio normativo abre la puerta a la inversión privada en las áreas de generación, importación y comercialización de energía, aunque se estipula que el Estado mantendrá su responsabilidad fundamental en la garantía del suministro público.

La iniciativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue consultada previamente con trabajadores de la industria, usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y potenciales prestadores del servicio.

Alcance de la inversión privada y autogeneración en el sector eléctrico

El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, detalló que el objetivo central del texto es incrementar la oferta energética disponible mediante el concurso de operadores privados, orientándose principalmente a responder a la demanda de sectores de alto consumo como industrias, comercios y empresas. “Va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio, es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla, a cambio de una tarifa establecida, a empresas, industrias y centros comerciales”, precisó.

Adicionalmente, se autoriza a los inversores a instalar plantas generadoras o importar energía de países vecinos. Según la autoridad parlamentaria, esta medida contribuirá a incrementar la disponibilidad global y facilitará que las instancias estatales concentren recursos en la atención del servicio residencial, con especial énfasis en el occidente venezolano.

Esquema tarifario indexado y creación de superintendencia

La reforma introduce un sistema de cobro cuyas tarifas estarán indexadas a divisas de mayor valor, contemplando a su vez mecanismos de subsidio para los consumidores de menores recursos. “Las tarifas van a estar indexadas a las monedas de mayor valor, pero también con un régimen de subsidio, sobre todo para aquellas personas que, por razones de su nivel de ingreso, no puedan pagar una tarifa plena”, declaró Rodríguez, aclarando que los parámetros específicos del subsidio se normarán en un reglamento posterior.

Para velar por el cumplimiento de la ley, se creará una superintendencia especializada que supervisará las tarifas, la autogeneración y la actividad de los entes privados, con el fin de evitar afectaciones al SEN y a la red pública. Asimismo, la ley establece sanciones para las empresas que incumplan sus compromisos o incurran en ofertas engañosas, garantizando condiciones para la inversión cuyo detalle final se precisará en la publicación oficial.

Delimitación sobre la propiedad del sistema eléctrico

Durante su intervención, el titular de la Asamblea Nacional descartó que los cambios en el marco legal signifiquen la venta o traspaso de la infraestructura estatal a particulares. “En modo alguno es una privatización, es una ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica”, enfatizó Rodríguez. En este sentido, sostuvo que el Estado sigue obligado a garantizar el servicio de energía a la población general a pesar de la llegada de nuevos actores comerciales al mercado.

Para ilustrar el contexto del sector, Rodríguez hizo referencia a la adquisición de la Electricidad de Caracas por parte del Estado en el año 2007 mediante un acuerdo comercial con sus antiguos dueños de origen estadounidense. “No fue una nacionalización, fue una compra”, aseveró al rememorar las negociaciones en las que participó como vicepresidente de la República, utilizando dicho antecedente para defender tanto la decisión adoptada en aquel momento como la actual apertura hacia los actores privados.

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