LA PRENSA DE LARA | Agencias.-& ;Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, denunció que hay «retraso prolongado» en las investigaciones sobre las muertes en manifestaciones en Venezuela. Además, alertó sobre los ataques a la prensa y abogó por la liberación de los presos políticos y por la celebración de elecciones inclusivas.
Específicamente, se refirió a las investigaciones relacionazas con los fallecios en las manifestaciones estudiantiles ocurridas en los años 2014 y 2017.
«Así mismo de las muertes ocurridas en contextos de operaciones de seguridad», dijo en Ginebra durante la presentación de su informe sobre Derechos Humanos, en referencia a las muertes ocurridas en manos de autoridades.
«De las 101 muertes que mi oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, sólo ocho han llegado a los tribunales«, indicó.
El alto comisionado contabiliza más de cien denuncias recibidas sobre abuso de poder de autoridades, aseguró que el número sigue bajando.
«El número de homicidios a manos de agentes del Estado y las denuncias de torturas y malos tratos, siguen disminuyendo».
Indicó que la oficina de representación de este organismo en Venezuela tiene acceso a trece expedientes judiciales.
También tuvo acceso a tres audiencias. En todas pudo tener contacto directo con los fiscales en casos que le preocupan.
Conteo de imputaciones
Señaló que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura. También otras 47 condenas.
Su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes.
Pronunciamiento a favor de la prensa
Türk también señaló que la oficina de la ONU ha registrado ataques y atentados contra la libertad de prensa en Venezuela.
Entre mayo de 2022 y abril de 2023, dijo, su oficina documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento. También 46 casos de estigmatización por parte de funcionarios del Estado y 17 hechos de criminalización.
Entre ellos, incluyen 10 detenciones contra personas defensoras, periodistas y otros actores.
Asimismo, denunció «las restricciones sobre la información pública, así como la libertad de opinión y expresión», refiriéndose en particular al cierre de 16 estaciones de radio a escala nacional.
Su oficina también documentó el bloqueo de 44 sitios web, incluidos medios de comunicación nacionales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Estos bloqueos fueron llevados a cabo por proveedores de Internet estatales y privados, sin orden formal ni notificaciones
El alto comisionado reiteró su preocupación por la aplicación generalizada de la ley contra el odio. Documentó nueve casos relacionados a dicha ley, lo que hace un total de 32 víctimas, incluidos los documentados anteriormente.
Recomendó a Venezuela adoptar un protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.