AFP | LA PRENSA DE LARA.- Cuando Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos, Verónica Vadell tuvo un mal presentimiento, y no se equivocó, ese mismo día le revocaron el beneficio de casa por cárcel a su padre, y al resto de los seis exdirectivos de Citgo condenados en Venezuela.
Conocidos como los «Citgo 6», cinco nacionalizados estadounidenses y uno con residencia permanente en ese país, cumplen penas de entre ocho y 13 años acusados por cargos de corrupción.
Pero la ONG especializada Foro Penal los cuenta entre los más de 251 presos políticos de Venezuela.
Verónica Vadell, la mayor de los tres hijos de Tomeu Vadell, designado vicepresidente de refinación de Citgo -filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos- 15 días antes de su arresto, recuerda estar «viendo las noticias de Alex Saab y de la extracción» de Cabo Verde a Miami para enfrentar cargos de lavado en una corte federal.
«Nos preocupamos porque ya hemos visto antes que el gobierno de Venezuela ha reaccionado cuando ciertas cosas pasan en Estados Unidos», explica a la AFP por videoconferencia desde ese país.
Mientras Saab, empresario colombiano y aliado clave del presidente Nicolás Maduro, era extraditado el 16 de octubre, los «Citgo 6» regresaban a El Helicoide, una de las temidas cárceles del servicio de inteligencia de Venezuela (SEBIN).
«Si alguien tenía dudas de que él es un rehén, esta última detención lo confirma», dice la esposa de Vadell, Dennysse. «Ningún gobierno debe jugar así con la vida de las personas».
Además de Tomeu Vadell, cumplen condena José Pereira Ruimwyk, expresidente de la petrolera, así como los exdirectivos Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano, quienes se enterarían semanas después, gracias a un periódico que les prestó un albañil en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), porqué habían sido arrestados.
«Abran los corazones»
Ya antes habían revocado la casa por cárcel: en febrero de 2020, luego de una visita a la Casa Blanca del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Washington y decenas de gobiernos, aunque en la práctica Maduro ejerce el control.
En ese contexto los «Citgo 6» fueron devueltos a prisión. Entonces se consideró una «desaparición», pues ni siquiera el tribunal que había dictado el arresto domiciliario sabía dónde estaban, apunta Jesús Loreto, abogado de Vadell.
Este episodio fue conocido por el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
«Es evidente que las razones de su encarcelación no son jurídicas, si no que responden a una intención del gobierno de utilizarlos de alguna manera en el contexto de logros políticos en sus relaciones con Estados Unidos», comenta Gonzalo Himiob, directivo de Foro Penal, al subrayar que los vicios del sistema de justicia son múltiples.
Tensas desde la era del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que ha exigido varias veces la liberación de los «Citgo 6», están marcadas desde 2017 por una artillería de sanciones financieras que buscan asfixiar al presidente Maduro.
Loreto describe el proceso como «turbulento»: el juicio -que arrancó el 6 de agosto de 2020, dos años y medio después de su arresto el 21 de noviembre de 2017- fue a puerta cerrada y «se llevó a cabo en un pasillo» del tribunal debido a la pandemia, custodiado por agentes armados del SEBIN.
La defensa no podía ingresar con lápiz y papel para tomar notas. «Solamente podía entrar con un papel ya impreso», recuerda Loreto, que también tenía que quitarse el reloj e incluso perdió un par de gafas, examinadas de tal forma que se estropearon, para descartar que tuviera algún dispositivo de grabación.
Se les atribuyó la firma irregular de un contrato de refinanciamiento a espaldas del Ejecutivo venezolano, pero Loreto asegura que «quedó demostrado que ese contrato jamás fue firmado».
En cuanto a Vadell, la condena dice «expresamente» que debe permanecer preso porque su cargo indica que debía «reunirse periódicamente con el presidente de Citgo y que en virtud de eso cometió el delito de asociación para delinquir», remarca Loreto, quien cuestionó que en la audiencia de apelación, celebrada el pasado 16 de noviembre, no estuvieran presentes los acusados.
La detención de Vadell, considerada «arbitraria» por su defensa, fue plasmada en un informe de la Misión de determinación de hechos de la ONU en septiembre de 2021.
Su familia se refugia en la fe y en fotografías. En una, tomada en 2015, Vadell sonríe junto a su perro Sargent Pepper, ahora con 13 años. «Hay un hueco en la casa», expresa su hija Cristina, mientras Denysse clama por su libertad.
«Todos esos cargos son falsos», dice desesperada. «¡Abran los corazones, por favor libérenlo!».
Fuente: AFP